Desde 1791 la redacción de la segunda enmienda de la Constitución de EEUU ha alimentado el debate sobre si el derecho a tener armas es colectivo o individual. Ayer, por primera vez en la historia de un país donde la indefinición jurídica ha convivido con una realidad cultural donde han calado y se han impuesto las interpretaciones más amplias y permisivas, el Tribunal Supremo se pronunció sobre la materia y reconoció ese derecho como individual, alterando con esa decisión el marco legal de un controvertido asunto social y político, además de jurídico.

En una ajustada votación en la que los cinco jueces más conservadores se impusieron a los cuatro más progresistas, el alto tribunal anuló por inconstitucional una ley del Distrito de Columbia de 1976 que restringía casi totalmente el acceso a las armas de mano. Esa ley era la más restrictiva de un país donde solo Chicago aplica también limitaciones al acceso a las pistolas.

Según la opinión mayoritaria, redactada por Antonin Scalia, "la protección de los derechos constitucionales necesariamente obliga a dejar ciertas opciones políticas fuera de la mesa, y entre esas se incluye la absoluta prohibición de armas de mano guardadas y usadas para defensa propia en el hogar".

OPCIONES DE CONTROL Lo que estaba afirmando con esas palabras el Tribunal es que los legisladores tienen opciones para controlar el acceso a las armas para reducir la violencia, pero esas posibilidades no pueden incluir limitar el derecho que consideran protegido por la segunda enmienda. El debate de si ese derecho es colectivo o individual tiene sus raíces en la redacción de la enmienda. "Con una milicia bien regulada siendo necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho de la gente a guardar y portar armas no debe infringirse", dice.

Nadie obvia que la de ayer es una decisión con fuertes implicaciones políticas, tanto por el apoyo de la Administración a que se revocara la ley de Washington como por la reconocida influencia en la política estadounidense de la Asociación Nacional del Rifle, como por el peso que la cuestión tiene para muchos votantes a la hora de tomar sus decisiones electorales. Y uno de los jueces contrarios a la decisión la criticó por esa razón.

Los jueces de la mayoría --que declararon inconstitucional otra provisión de la ley de DC que obligaba a descargar las armas en casa-- admitieron que su decisión no aclara todas las cuestiones y auguraron que tendrán que resolver nuevos litigios.