Desde que acabó el mandato de George Bush, el interrogante sobre hasta qué punto su Administración vulneró las leyes y cometió abusos en su denominada guerra contra el terror ha sido para Barack Obama un tema ineludible, por más que el presidente haya intentado obviarlo. Pero mirar para otro lado, aun siguiendo la idea de centrarse en el futuro en vez de revolver el pasado, se hace ya imposible. Y es su propio Departamento de Justicia el que ha abierto la puerta a una persecución legal de la Administración anterior.

El fiscal general (ministro de Justicia), Eric Holder, anunció ayer el nombramiento de un fiscal especial, identificado como John Durham por The Washington Post, que deberá determinar si se abren causas criminales contra agentes de la CIA y contratistas privados por los brutales interrogatorios de sospechosos de terrorismo. Durham es un fiscal de Connecticut familiarizado con el tema, pues lleva dos años investigando si se violaron leyes cuando se destruyeron los vídeos de esos interrogatorios. Holder sigue así la recomendación de la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia, encargada de los asuntos de ética, que propone reabrir al menos una docena de casos.

LOS ABOGADOS DEL ESTADO Más allá de perseguir criminalmente los abusos, el fiscal especial puede estudiar el papel de dos abogados del Estado, Jay Bybee y John Yoo, cuyas opiniones dieron sustento legal a las "técnicas de interrogatorio mejoradas", y a docenas de prácticas de dudosa legalidad, como el ahogo simulado. Tanto la anterior Administración como Obama han defendido la inocencia de agentes y contratistas siempre que siguieran directrices.

Justo ayer Justicia hizo público un informe del inspector general de la CIA del 2004 que detalla los excesos y torturas en los interrogatorios. En él se relata, por ejemplo, cómo los interrogadores amenazaron con matar a los hijos de un interrogado, Jalid Cheij Mohamed. En otro caso se denuncia que se amenazó con asaltar sexualmente a la madre del interrogado.

Al menos en un caso, el interrogatorio de Abderrahim al Nashiri, se amenazó al detenido con una pistola y un taladro, violando el estatuto federal sobre torturas, que prohíbe amenazar a un prisionero con la muerte inminente. Se dice que Holder sintió repugnancia al leer el informe de la CIA, que ayer se dio a conocer después de que un juez obligara a hacerlo. Y el fiscal general se ha visto enfrentado a una complicada situación. Por un lado debe lealtad al presidente, cuyos portavoces insisten en que "litigar mirando al pasado no responde a los intereses del país". Por otra, tiene que demostrar imparcialidad e independencia de la Casa Blanca.

EL ATOLLADERO Obama, que a través de un portavoz ayer delegó toda decisión sobre la investigación en Holder, está en un brete. Seguir obviando violaciones de la ley puede alimentar las críticas de los sectores más progresistas y echar a sus espaldas otro peso político. Pero apoyando un encausamiento criminal se arriesga a poner en su contra a la comunidad del espionaje.