Un día después de que el fiscal general (ministro de Justicia) de EEUU, Eric Holder, decidiera investigar si las torturas en los interrogatorios de sospechosos de terrorismo por agentes y contratados de la CIA son un delito, los republicanos y los sectores vinculados al espionaje intensificaron sus críticas mientras la mayoría de quienes aplaudieron el paso lo calificaban de importante pero insuficiente.
Dick Cheney, rabioso defensor de la eficacia de las torturas durante su vicepresidencia, lideró el ataque al presidente, Barack Obama, tanto por "permitir" que se abra la investigación como por crear un nuevo grupo que traslada al FBI el papel que tenía la CIA en el interrogatorio de detenidos relevantes. "Es un recordatorio de por qué tantos estadounidenses tienen dudas sobre la capacidad de esta Administración de ser responsable de la seguridad de nuestra nación", escribió, metiendo el dedo en lo que se suele ver como una llaga de los gobiernos demócratas.
Cheney vio el lunes cómo se hacían públicos dos informes cuya desclasificación llevaba tiempo defendiendo y que, según él, probaban la eficacia de las técnicas de interrogatorio mejoradas.
El reto para Obama es múltiple. Además de enfrentarse al descontento de los sectores vinculados al espionaje, sufre un furioso ataque republicano. El congresista Peter King ha llegado a decir que "se perderán miles de vidas y las manos de Holder estarán manchadas de sangre".
Pero al presidente le observan con atención también el ala progresista de su partido y activistas que creen que debe ir más lejos y completar una investigación que no quede en agentes y mercenarios de la CIA y llegue hasta los más altos niveles de la Administración anterior. "Buscar solo los actores de más bajo nivel en una conspiración para torturar a detenidos no ofrecerá justicia", dijo el congresista Jerry Nadler.
