La presidenta Dilma Rousseff dio marcha atrás a su compromiso de abrir los archivos secretos del Estado brasileño referidos, entre otros, a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1964-85). Rousseff, que fue detenida torturada a finales de los años 60, tomó esa decisión para poder preservar la alianza con el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Los exmandatarios José Sarney y Fernando Collor de Melho acabaron convenciéndola. Para Sarney, senador del PMDB y uno de los hombres clave de la transición democrática, Brasil no se puede permitir el lujo de "tener su propio Wikileaks". Los documentos, señaló, "son parte de nuestra historia", y si se dan a conocer "se abrirán heridas".

Más que los papeles relacionados con la persecución de adversarios al régimen militar, a Sarney parecía inquietarle que se supiera lo que hizo Brasil más allá de sus fronteras, en especial durante los años del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.