El expresidente tunecino Zine El Abidine Ben Alí y su mujer, Leila Trabelsi, serán juzgados a partir de hoy en rebeldía en Túnez en el primer proceso penal que se celebrará en su contra tras escapar del país el pasado 14 de enero. Ben Alí y su esposa, derrocados por la revuelta popular que inspiró revoluciones similares en otros países del mundo árabe, deberán responder por una larga lista de cargos, entre ellos abuso de poder, malversación de fondos públicos y blanqueo de dinero.

El matrimonio presidencial, que se refugió en Arabia Saudí, donde vive un exilio dorado desde entonces, piensa refutar "vigorosamente" todos los cargos, según sus abogados. Hoy se verá la primera de las 93 acusaciones que pesan sobre ambos, entre las que se incluyen el homicidio involuntario y el complot contra la seguridad del Estado. Por todas ellas, Ben Alí podría ser condenado a una pena que va de entre cinco años de cárcel a la muerte.

El Gobierno de transición tunecino, que reclamó sin éxito la detención y extradición de Ben Alí, anunció que sería sometido a la jurisdicción de un tribunal militar. Sin embargo, en esta primera fase se le juzgará por lo civil, en relación al descubrimiento de grandes sumas de dinero y joyas, armas y drogas en dos de sus antiguos palacios.

En un comunicado difundido ayer por su abogado en El Líbano, Akram Azouri, el defenestrado presidente negó haber estado en posesión del dinero hallado en uno de sus despachos, y también rechazó las acusaciones de tenencia de armas de fuego y estupefacientes. "Las armas supuestamente descubiertas son fusiles de caza y regalos ofrecidos por jefes de Estado extranjeros", afirmó su defensor, que calificó de "mentira vergonzosa" la imputación de posesión y consumo de drogas.

DEFENSA El secretario general del colegio de abogados tunecinos, Mohamed Rached Fray, rechazó de plano asumir la defensa del mandatario prófugo, tras haber sido designado de oficio. No obstante, aclaró que cinco letrados asistirán al procesado y él solo se ocupará de la organización del equipo jurídico para garantizar el buen desarrollo del proceso judicial y garantizar los derechos de defensa del acusado.

Ben Alí, de 74 años, gobernó con mano de hierro durante 23 años. Durante la Revolución del jazmín, que se inició en diciembre y puso fin a la dictadura, murieron unas 300 personas.