Con tres años de retraso y obligado por el Tribunal de Justicia de la UE, el Parlamento Europeo accedió a hacer público ayer un informe de la auditoría interna del 2008 hecho por Robert Galvin, que reveló abusos generalizados en la asignación de los eurodiputados para sus asistentes, y que la institución decidió en febrero del 2008 mantener secreto.

El Tribunal de la UE rechazó el pasado día 7 los argumentos de la Eurocámara de que la difusión del informe dañaría la efectividad de futuras auditorías, y estableció que el documento debía ser accesible a los ciudadanos, como había reclamado el abogado irlandés Ciaran Toland.

Los numerosos abusos que reveló el Informe Galvin forzaron a la institución a reformar a fondo la normativa sobre los asistentes en el 2009, que han dejado de ser retribuidos directamente por el diputado, encargándose de ello la Eurocámara o agentes oficiales. Cada diputado tiene ahora una asignación mensual de 21.209 euros para los asistentes, y la Eurocámara dice que todos esos abusos se han corregido.

El informe se basó en el control exhaustivo y aleatorio de un porcentaje reducido de los pagos realizados por los eurodiputados, pero reveló con datos precisos la magnitud de los abusos. Numerosas compañías que en teoría prestaban apoyo y servicios a los diputados no existían, no estaban registradas o estaban asociadas a miembros de su partido, según algunos de los datos que se han filtrado del informe.

Solo 5 de 105 pagos a asistentes auditados incluían el mínimo de detalles para que fueran válidos, no constaba el pago de la seguridad social en la mayoría de los asistentes, un diputado pagaba la totalidad de la asignación a un familiar, y había a final de año multitud de primas para agotar todo el dinero asignado, alguna de las cuales equivalía a 19 veces el salario mensual del propio asistente.

Con el nuevo sistema, los eurodiputados ya no pueden contratar como asistente a un familiar, salvo si ya era asistente en la anterior legislatura.