La Comisión Europea abrió ayer un expediente a Hungría por sus controvertidas leyes sobre el Banco Central nacional, la prejubilación forzosa de los jueces y por las restricciones a la independencia de la autoridad responsable de la protección de datos personales. El Ejecutivo comunitario considera que esas nuevas leyes, que emanan de la polémica nueva Constitución, vulneran el derecho europeo y son contrarias a los principios democráticos fundamentales de la Unión Europea (UE).
La Comisión Europea dio un mes de plazo a Hungría para que rectifique esas leyes, la mitad del plazo habitual, porque el expediente se tramita por procedimiento de urgencia. No obstante, el Ejecutivo comunitario, pese a la gravedad de las implicaciones para los principios democráticos, ha preferido tratar esas infracciones como una irregularidad legislativa tradicional en lugar de activar el procedimiento especial por violación de derechos y valores fundamentales.
"No queremos que persista por más tiempo la sombra de duda sobre el respeto de la democracia en ese país", señaló el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, que se mostró acomodaticio con los sucesivos comportamientos autoritarios del Gobierno conservador húngaro de Viktor Orban.
BARROSO, CONFIADO "La Comisión Europea está determinada a emprender cualquier acción legal para asegurar que la compatibilidad con la legislación de la UE se mantiene", advirtió Barroso. No obstante, Barroso se mostró confiado en que Hungría rectifique y no sea necesario proseguir con el expediente, que podría acabar en denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Si la respuesta del Gobierno húngaro no es satisfactoria a este primer emplazamiento, la Comisión Europea emitirá un dictamen, exigiendo la modificación de las leyes en el plazo de un mes. Y, si Hungría no acata ese ultimátum en el plazo exigido, el Ejecutivo comunitario presentará una denuncia por violación del derecho europeo ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El Gobierno húngaro, que hasta ahora ha hecho caso omiso de las advertencias previas de las autoridades comunitarias, aseguró que está dispuesto a "resolver" los problemas planteados. Pero, Orban, que hoy intervendrá ante el pleno del Parlamento Europeo, acusó en tono beligerante, a través de su portavoz, a "la izquierda internacional" de difundir "calumnias y mentiras infundadas" sobre Hungría.
El Ejecutivo comunitario considera que la decisión de adelantar la edad de jubilación obligatoria para los jueces a los 62 años pone en cuestión la independencia judicial, ya que constituye una purga encubierta para deshacerse de 250 magistrados incómodos para los planteamientos ultraconservadores del Gobierno de Orban. Un nuevo organismo judicial ha sido dotado de amplios poderes discrecionales sobre los tribunales.
La Comisión Europea estima también que la independencia del Banco Central húngaro queda socavada por la nueva legislación, que permite al ministro de Economía participar en las reuniones del comité monetario y obliga a la institución a presentar al Gobierno previamente la agenda de los temas a tratar en las reuniones, así como las nuevas normas para destituir al gobernador del Banco Central y a los miembros del comité monetario de la institución y para nombrar a los vicegobernadores de la institución y a nuevos consejeros adicionales.
