El Gobierno de México rechazó hoy las denuncias de Human Rights Watch (HRW) sobre violaciones de derechos humanos e impunidad de los cuerpos de seguridad federales contenidas en un informe crítico con el modo de combatir el crimen organizado desde 2006 en México.
La secretaría de Gobernación (Interior) reitera su "respeto irrestricto" de los derechos humanos y "confirma su intención de continuar en la lucha contra el crimen organizado a fin de salvaguardar la integridad de la sociedad", destaca un comunicado.
La ONG estadounidense presentó el domingo en El Cairo un informe mundial en el que acusó a las fuerzas de seguridad mexicanas de cometer violaciones de derechos humanos y que los militares gozan de impunidad en esos casos.
"Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia", dijo a Efe directora de comunicación de HRW, Emma Daly.
La representante de la ONG sostuvo que "existe una impunidad absoluta en México para los militares", quienes, con el sistema de justicia militar, nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen "los abusos porque no hay modo de pararlos", añadió.
La ONG indica también que los esfuerzos de las autoridades mexicanas para combatir el crimen organizado han desembocado en un significativo aumento de los asesinatos, la tortura y otros abusos de las fuerzas de seguridad. Además, apunta a que, en general, el sistema judicial mexicano "fracasa en hacer justicia a estas víctimas de crímenes violentos o violaciones de derechos humanos".
Ante esa postura el Gobierno defendió hoy su labor contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Dijo que sus acciones se han desarrollado todos estos años "en estricto apoyo a la estructura de seguridad pública" en zonas de México donde hay peligro para la población. La actuación del personal es "apegado a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, anteponiendo de manera permanente la seguridad e integridad de la población", señala Gobernación.
En relación con la supuesta impunidad de los militares, el Gobierno sostiene que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 6.065 quejas contra ellos de las que solo el 1,61 % de ellas concluyó en una recomendación a la institución militar, como se conoce a las resoluciones de la CNDH, un organismo público autónomo con funciones de Defensor del Pueblo.
Por las 98 abiertas se iniciaron acciones legales de distinto tipo contra 266 militares, que concluyeron en condena para 29 de ellos, agrega el Gobierno. En el caso de la Armada mexicana, se registraron 663 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos de las que 339 concluyeron (51,1 %) y derivaron en once recomendaciones. En esos casos fueron procesados "ocho elementos de la institución, y dos más están en proceso", agrega Gobernación.
El Gobierno cita algunas de sus iniciativas para proteger los derechos fundamentales de activistas, periodistas y para impulsar la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar para que "los delitos de violación, desaparición forzada" y "tortura" sean juzgados siempre en tribunales civiles, algo que no ha sucedido hasta ahora.
