Una fila de hombres encapuchados, armados con tubos de hierro, se parapeta tras unos improvisados escudos fabricados con bidones de plástico. Es la imagen de la desesperación, de los que han quedado fuera del proyecto de un nuevo Brasil. La magia del Mundial de fútbol o el sueño olímpico poco importa para aquellos que están a punto de perderlo todo.

Repudiados por las autoridades locales y olvidados por el Gobierno Federal, los cerca de 7.000 habitantes de la favela Pinheirinhos, situada en la ciudad de Sao José dos Campos, a 80 kilómetros al noroeste de Sao Paulo, se aferran a sus únicas posesiones.

La noche del domingo pasado, tres batallones --unos 2.200 agentes-- de la policía militar brasileña, utilizando dos helicópteros, 220 vehículos, 100 caballos y 40 perros, entraron en la barriada en una macrooperación aprobada por el gobernador de Sao Paulo, el conservador Gerardo Alckmin. En el transcurso de la misma, un niño de tres años perdía la vida acribillado por las balas de la policía, según denunciaron los portavoces de la Plataforma de Solidaridad a la ocupación de Pinheirinhos.

"Escenario de guerra"

Durante los días que siguieron, Pinheirinhos, favela asentada en unos terrenos propiedad del conocido especulador inmobiliario y magnate Naji Nahas, se ha convertido en un "escenario de guerra", como no dudó en calificarlo el secretario general de la presidencia, Gilberto Carvalho. Desde el 2004, el terreno abandonado había sido ocupado, de forma ilegal aunque pacífica, por unas 1.500 familias, que construyeron en ese lugar sus casas con los escasos recursos de los que disponían. Con el paso del tiempo, Pinheirinhos se había consolidado como un espacio urbano que contaba con sus propios servicios, tiendas y hasta iglesias.

En el 2006 se inició una negociación entre el Gobierno central y la justicia federal para ofrecer una solución a los habitantes del asentamiento y evitar un desalojo conflictivo. Ante esta perspectiva, el gobernador del estado de Sao Paulo, Geraldo Alckim, pasó por encima de las negociaciones y aplicó, sin previo aviso, la orden de desalojo decretada por la jueza Márcia Loureiro. La figura de este dirigente conservador y miembro del Opus Dei resulta imprescindible para comprender semejante acción.

Las redes sociales han actuado como plataforma para la indignación, frente al escueto tratamiento del asunto por parte de los grandes medios nacionales. Especialmente, tras las la publicación de vídeos grabados por los propios pinheirinhos que muestran a agentes de las fuerzas de choque desalojando familias enteras a patadas.

"En lugar de traficantes, son ancianos, mujeres y niños los que están siendo agredidos", relató a este diario Luis Nassif, periodista y autor de uno de los blogs políticos más relevantes de Brasil. "Los grandes medios intentan esconder la polémica relegando el tema a la sección local, pero los vídeos e imágenes del desalojo han inundado las redes sociales", asegura Nassif.

Repercusión internacional

Bajo el lema Divulguem, Twitter y Facebook han dado a un asunto interno calado internacional. La indignación ha obligado a Gilberto Carbalho a condenar la actuación de la policía militar, aunque ha evitado criticar abiertamente al Gobierno de Sao Paulo. La relatora especial de la ONU para el derecho a una vivienda digna, Raquel Rolnik, se ha declarado "horrorizada con el excesivo y repetido uso de la fuerza durante el desahucio".

Amnistía Internacional, así como Rolnik, apuntan que algunos de los procesos de reurbanización especulativos relacionados con la celebración del Mundial de fútbol y las olimpiadas suponen un grave obstáculo para que los logros económicos de la última década alcancen a todos los brasileños por igual.