Los Gobiernos de Ecuador y el Reino Unido han iniciado las discusiones sobre el futuro de Julian Assange. El fundador de Wikileaks permanece desde el martes refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, donde ha pedido asilo político al gobierno de Quito.

La embajadora, Ana Albán, se entrevistó ayer en el Foreign Office con funcionarios del Gobierno británico, en lo que calificó como un encuentro "cordial y muy constructivo". Albán añadió que la decisión que tome el Gobierno que preside Rafael Correa "tendrá en cuenta la larga y bien establecida tradición de Ecuador en apoyo de los derechos humanos".

Scotland Yard ha dejado claro que el australiano podría ser detenido por haber roto con las cláusulas de libertad condicional que le había impuesto el Reino Unido. El exhacker se había comprometido a permanecer entre las diez de la noche y las ocho de la mañana en el domicilio que él mismo había designado, en el norte de Inglaterra.

La posible detención no se podrá, sin embargo, llevar a cabo hasta que Assange abandone la embajada de Ecuador, donde la policía británica no tiene jurisdicción. Delante de la sede diplomática, en el barrio de Knightsbridge, una decena de simpatizantes enarbolaban ayer pancartas reclamando la liberación del perseguido.

La decisión de Assange de refugiarse en la embajada ecuatoriana pilló aparentemente por sorpresa a sus más próximos allegados. "No me lo esperaba", señaló Vaughan Smith, el antiguo periodista, que ha proporcionado albergue desde hace meses en su casa de campo a tan incómodo invitado. "Creo que teme por su vida y tiene miedo de que si va a Suecia, sea enviado a Estados Unidos", declaró Vaughan a la cadena BBC.

BAZAS AGOTADAS Después de 18 meses de batalla legal, Assange había agotado todas sus bazas jurídicas en el Reino Unido y estaba a punto de ser entregado a Suecia, donde está acusado de varios delitos de agresión sexual, que él siempre ha negado.

Algunas fuentes legales no descartaron que los suecos se involucren en la negociaciones. Suecia podría comprometerse a no entregar a Assange a Estados Unidos, una garantía con la que los ecuatorianos podrían darse por satisfechos.