El presidente interino de Túnez, Monzef Marzuki, ha remitido una carta de protesta a la Asamblea Constituyente por la extradición "ilegítima" del último primer ministro de Muamar Gadafi, Al Baghdadi al Mahmudi, trasladado ayer desde Túnez a Libia.
Marzuki denuncia una "violación de sus competencias" recogidas en el Artículo 20 de la Ley Provisional de Organización del Estado que rige la política tunecina tras el derrocamiento del presidente Zine al Abidine Ben Alí.
El portavoz de Marzuki, Adnane Mancer, ha explicado en un comunicado escrito remitido a la agencia de noticias tunecina TAP que la extradición se llevó a cabo sin las consultas debidas entre el presidente, el primer ministro y el presidente de la Asamblea Constituyente y sin la aprobación ni la firma del presidente de la República.
"La entrega de Al Mahmudi es más una cuestión de política exterior de Túnez que judicial. La política exterior es competencia de la Presidencia de la República", ha explicado Mancer. En caso de desacuerdo, el caso debería ser remitido a la Asamblea Constituyente.
Mancer ha reseñado el "rechazo categórico de la Presidencia a la extradición de Al Mahmudi" y ha responsabilizado al primer ministro Hamadi Jebali, quien firmó la orden de extradición, de lo que le pueda suceder a Al Mahmudi y de las posibles repercusiones a nivel internacional.
El portavoz de Marzuki ha recordado que Asamblea Constituyente, primer ministro y presidente habían acordado no entregar a Al Mahmudi hasta después de que se celebraran elecciones en Libia, cuando se le garantizara "un juicio justo".
"La decisión de extraditar es una flagrante violación de los compromisos internacionales de Túnez y de la ONU, especialmente sobre el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, que había solicitado a las autoridades tunecinas no entregar a Al Mahmudi hasta que se emitiera un dictamen sobre su petición de asilo amparada en la Convención de Ginebra de 1951", ha afirmado Mancer.
La entrega de Al Mahmudi "amenaza la imagen de Túnez en el mundo y hace parecer al país un Estado irresponsable que se desentiende de los compromisos para con un juicio justo".
