Una de cal y una de arena. El gobierno de Barack Obama ha conseguido que el Tribunal Supremo tumbe por inconstitucional buena parte de la dura ley de inmigración que aprobó Arizona en el 2010, pero el Alto Tribunal también ha mantenido una de las provisiones de la normativa que permite a los agentes investigar el estatus de supuestos inmigrantes sin papeles. Cuatro de los puntos centrales de la polémica SB1070, a la que siguieron normas similares que endurecen la política contra los inmigrantes en estados como Alabama, Virginia, Georgia o Utah, habían sido retados por la Administración.

El Supremo, por una votación 5-3, ha acordado tumbar tres puntos: la parte de la norma que consideraba un delito buscar empleo sin tener permiso de trabajo, la que convertía también en una falta llevar documentación falsa y la que daba autoridad a la policía para arrestar a cualquier inmigrante que los agentes sospecharan que había cometido una ofensa que podía justificar una deportación.

La decisión de mantener la controvertida autoridad de la policía local y estatal para investigar el estatus de inmigración de cualquiera sobre quien tengan “sospecha razonable” de que es un sin papeles --una medida que los críticos denuncian como discriminación racial-- ha sido unánime. Los magistrados reconocen, eso sí, que pueden plantearse nuevos retos legales a esa parte de la ley.

Decisión esperada

Aunque el Alto Tribunal ha dejado para el jueves el anuncio de su más esperada decisión, que dictará el futuro de la reforma sanitaria de Obama, ha dictado otras dos decisiones sobre financiación de campaña y penas para menores. En el último terreno, el Supremo ha decidido que los menores de edad condenados por asesinato a cadena perpetua deben tener posibilidad de optar a la libertad condicional. La otra decisión responde a la lógica de un tribunal que en la también polémica Citizens United decidió hace dos años abrir las puertas a la financiación ilimitada de campañas políticas por parte de corporaciones. Hoy, el Tribunal ha tumbado un reto que se había presentado contra una ley de Montana que limitaba esas donaciones.