El Tribunal Supremo Administrativo de El Cairo suspendió ayer la normativa que permitía a la policía militar y a los servicios de inteligencia arrestar a civiles. Este decreto del Ministerio de Justicia se emitió el 13 de junio y entonces las organizaciones de derechos humanos lo interpretaron como un intento de volver a poner en vigencia algunos aspectos de la ley de emergencia, derogada pocos días antes.

"La suspensión de esta normativa es una victoria para el movimiento de los derechos humanos en Egipto", subrayó el portavoz del Centro Egipcio para los Derechos Personales, Gaffar Abdel Razik. Este defensor de los derechos humanos opinó que con el decreto ahora suspendido, "las Fuerzas Armadas probaron suerte con algo que muchos consideraron una violación directa de los derechos civiles".

Abdel Razik recordó que cuando el presidente electo, Mohamed Mursi, tome posesión de su cargo, el 30 de junio, todas las leyes deberán ser aprobadas por él. "Será interesante ver cómo reacciona Mursi ante estos desafíos de los militares", aseguró.

DISOLUCIÓN DEL PARLAMENTO

Por otro lado, el Tribunal Supremo Administrativo aplazó hasta el 7 de julio el veredicto sobre la disolución de la Cámara Baja del Parlamento. En lo que fue considerado un "golpe de Estado suave", el 15 de junio los militares ordenaron la disolución de las dos cámaras y tomaron el poder legislativo.

La querella del presidente del Parlamento, el miembro de los Hermanos Musulmanes Saad al Katatni, obligará ahora a revisar esta decisión. Pero por el momento, Egipto no tiene Parlamento y la Junta Militar seguirá teniendo potestad legislativa hasta que el Tribunal Administrativo decida revocar la disolución, o hasta que se convoquen nuevas elecciones legislativas.

La corte cairota aplazó también hasta el próximo 1 de septiembre la decisión sobre otro de los puntos calientes de la actualidad egipcia: la Asamblea Constituyente, que deberá redactar la nueva Constitución. Este organismo fue elegido por el Parlamento y algunos de sus miembros son diputados. Si las dos cámaras son declaradas inconstitucionales, es posible que la Asamblea tenga que disolverse.

MANIOBRA Si esto ocurriera, la Junta Militar será quien elija a los miembros de la comisión, una prerrogativa que establece la declaración constitucional que hizo pública y que los grupos políticos han criticado duramente. De hecho, los partidos la han interpretado como un intento del Ejército de influir en la Carta Magna y asentar su poder nombrando una Asamblea favorable a sus intereses.

En el plano político, Mursi siguió ayer la ronda de contactos para formar Gabinete. Varias filtraciones a la prensa local indican que los Hermanos Musulmanes buscan formar un Gobierno plural. El periódico independiente Al Shuruk citaba ayer fuentes de la Hermandad y revelaba que había sondeado al premio Nobel Mohamed al Baradei para el cargo de primer ministro. Además, subrayaba que los Hermanos Musulmanes barajan la posibilidad de ocupar solo dos carteras ministeriales, ceder una a los salafistas y reservar el resto para tecnócratas.

En su segundo día como presidente electo, Mursi se reunió con dirigentes religiosos y de la policía y, en un nuevo gesto que lo distancia de su predecesor, Hosni Mubarak, ordenó que su retrato no se cuelgue en las administraciones públicas porque prefiere que el símbolo "sea Egipto y no el presidente".