Las autoridades de Sri Lanka han rechazado este viernes un informe de Naciones Unidas en el que se asegura que al menos 70.000 civiles murieron durante los últimos meses de la ofensiva contra los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE), inexistentes en registros oficiales, y ha asegurado que las conclusiones son "erróneas y repletas de conjeturas y prejuicios".

El informe de la ONU fue publicado el pasado 14 de noviembre y en él, el organismo internacional asume que no fue capaz de dar suficiente cobertura a miles de civiles que se vieron involucrados en medio de los enfrentamientos entre el Ejército ceilandés y los Tigres durante los últimos meses de conflicto, en 2009.

El informe cita informaciones de que 40.000 personas habrían muerto en estos enfrentamientos, pero también menciona fuentes que apuntan que unos 70.000 fallecidos no estarían en ningún registro.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ceilandés ha señalado que "las acusaciones directas al Gobierno (...) son arbitrarias, erróneas y repletas de conjeturas y prejuicios".

El informe de Naciones Unidas viene a apoyar las peticiones de los grupos de Derechos Humanos de iniciar una investigación internacional por las violaciones cometidas en los últimos meses del conflicto del LTTE.

El Ejecutivo de Sri Lanka ha rechazado en repetidas ocasiones las acusaciones de crímenes contra la Humanidad y las insinuaciones, aparecidas también en el informe, sobre que los soldados intimidaron a funcionarios de la ONU.

El anterior informe del exfiscal general de Indonesia Marzuke Darusman también fue rechazado por Colombo.

"Este nuevo informe viene a sustentar las acusaciones infundadas y desacreditadas del informe Darusman, sobre una cifra abultada de bajas civiles en la última etapa del conflicto terrorista que no fueron aceptadas en su momento por los altos cargos de la ONU, debido a la naturaleza especulativa de las informaciones, que no fueron verificadas", ha denunciado en la nota.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha pedido al Gobierno de Sri Lanka que aplique las recomendaciones de sus propias investigaciones y juzgue a los soldados sospechosos de malas prácticas en el confrlicto con los rebeldes tamiles.