El Ejecutivo egipcio ha descartado ampliar el estado de emergencia en el país, que está en vigor desde el pasado 14 de agosto y debe finalizar a mediados del próximo mes, señaló hoy el consejero gubernamental Sherif Shauki.
En un comunicado, el asesor de prensa del primer ministro egipcio, Hazem al Beblaui, afirmó que el Gobierno no tiene intención de renovar esta medida de excepción, cuya duración no puede superar los tres meses, salvo que en un referéndum se apruebe prolongarlo por un periodo igual.
El estado de excepción fue decretado tras el desalojo policial de las acampadas islamistas que pedían la vuelta del depuesto presidente Mohamed Mursi en El Cairo, lo que causó más de seiscientos muertos y derivó en una ola de violencia que se extendió por el país.
En septiembre pasado, la Presidencia egipcia prorrogó dos meses el estado de emergencia para frenar la escalada de violencia, un motivo que también llevó a imponer en agosto el toque de queda por tiempo indefinido en varias provincias.
El estado de emergencia estuvo vigente en Egipto con la excusa de la lucha contra el terrorismo desde 1981 hasta mayo de 2012, cuando decidió no renovarlo la junta militar que gobernó el país desde el derrocamiento de Hosni Mubarak (1981-2011) hasta la ascensión de Mursi al poder en junio del año pasado.
Con el estado de emergencia está suspendido un gran número de derechos personales, civiles y políticos como el de huelga, el de asistencia letrada en caso de detención o el de celebrar mítines políticos.
Por otra parte, distintas fuerzas políticas y de la sociedad civil han pedido que se retrase el debate de un polémico proyecto de ley que regulaba las protestas y estaba pendiente de ser aprobado por el presidente interino, Adli Mansur.
El viceprimer ministro egipcio, Ziad Bahedin, señaló hoy en su cuenta oficial de Facebook que el Ejecutivo seguirá manteniendo contactos con todas las partes para estudiar esa iniciativa.
Según Bahedin, esos grupos le solicitaron en una reunión que se aparque de momento tanto ese borrador como el de ley antiterrorista, ya que, argumentaron, todavía no se ha constituido un nuevo Parlamento y los cuerpos de seguridad "no están preparados" para aplicar unas normas de ese tipo.
Algunos grupos de activistas y derechos humanos ya han alertado de que ese proyecto de ley restringe el derecho de manifestación pacífica.
Varios de sus artículos incluyen la necesidad de notificar a la policía con antelación cualquier convocatoria de protesta y la posibilidad de que las autoridades la cancelen o introduzcan cambios, aunque los manifestantes podrían recurrir esa decisión ante la justicia.
También se contempla la posibilidad de que los gobernadores eviten las protestas en ciertas áreas, así como penas de cárcel y multas para quienes las organicen sin avisar y paguen o cobren dinero por participar en ellas.
Desde el derrocamiento militar de Mursi el pasado 3 de julio, los Hermanos Musulmanes han mantenido la presión en las calles, mientras que las autoridades están persiguiendo a los "extremistas" y han debilitado la estructura de la cofradía mediante la detención de sus principales líderes.
