El fiscal Gerardo Pollicita hizo suya la denuncia de su difunto colega Alberto Nisman e imputó formalmente [abrió una investigación] a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner de presuntas maniobras para favorecer el encumbrimiento de los iranís involucrados en la causa que se investiga el atentado contra la mutual judía (AMIA) que se perpetró el 18 de julio de 1994, y provocó 85 muertos. Pollicita pidió que se realicen decenas de pruebas en base al escrito de Nisman, a pesar de los escasos fundamentos señalados por juristas y analistas. Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero, horas antes de defender sus acusaciones ante una comisión parlamentaria. La fiscal Viviana Fein está tratando de determinar las causas del fallecimiento. Las pruebas apuntan a un suicidio.
“Observamos la presencia de una estrategia activa de desestabilización, de golpismo judicial activo”, dijo el jefe de ministros, Jorge Capitanich, sobre la decisión adoptada por Pollicita. "Es una clara maniobra", dijo el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández. "La imputación no tiene ningún valor jurídico porque no existe prueba de eventual culpabilidad”. Para Fernández, “lo que se quiere generar es estrépito social”. El ministro relacionó el anuncio del fiscal con los preparativos de una marcha convocada por un grupo de fiscales, la oposición y los medios adversos al kirchnerismo, en favor del esclarecimiento del deceso de Nisman.
La imputación es, en rigor, el comienzo de una investigación con la cual el fiscal debe verificar los fundamentos de Nisman, quien, en su escrito de 300 páginas, sostuvo que el Gobierno, al firmar un acuerdo con el régimen persa para interrogar a los imputados en la causa AMIA, buscaba beneficios económicos del régimen de Teherán (adquisición de petróleo) a cambio de garantizar la impunidad de los iranís bajo la mira judicial. Para tal fin, sostuvo Nisman, se trató de levantar las alertas rojas de la Interpol que pesan sobre los sospechados. Esa aseveración fue refutada por el exdirector de la Interpol, Ronald Noble.
FALTA DE PRUEBAS
La Procuración del Tesoro Nacional presentó ante el juez Daniel Rafecas un escrito de 68 páginas con “documentos de carácter técnico” que "desbaratan las afirmaciones" del difunto fiscal. Sus acusaciones, se consigna, no presentan pruebas que demuestren conductas "susceptibles de ser encuadradas en ilícitos penales tipificados" en el Código Penal. “No existe prueba alguna, ni siquiera de carácter 'indiciario'" que demuestren un delito", se añade.
El escrito, divulgado en sintonía con el anuncio del fiscal Pollicita, remarca que “ninguna actuación de las autoridades del Gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iranís, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de la Interpol”.
Según la Procuración, el objetivo del acuerdo con Irán buscaba "favorecer el progreso de la causa AMIA, cuyo trámite se vio gravemente obstruido por la imposibilidad de someter a declaración indagatoria a varios ciudadanos iraníes imputados en el proceso, debido a la inexistencia de acuerdos bilaterales previos que obligaran a Irán a extraditar a esas personas”. Ese acuerdo fue aprobado por el Parlamento y no está en vigencia debido a una impugnación judicial.
La Procuración rechazó a su vez el argumento de los intereses del Gobierno en el petróleo iraní, recordando que el crudo de ese país tiene niveles de azufre que no son compatibles con los de la industria argentina.
