A la espera del nuevo debate en la Eurocámara, la Comisión Europea ya tiene respuesta ante el controvertido y criticado mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados -conocido como ISDS-, una especie de corte de arbitraje privada que lleva desde hace meses poniendo en peligro las negociaciones del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP en sus siglas en inglés). La comisaria de comercio, Cecilia Malström, pasó ayer a la ofensiva prometiendo un sistema «público» y «transparente», con un tribunal bilateral especial denominado «Corte de Inversión» que celebrará audiencias públicas, tendrá jueces nombrados de forma pública y cualificados como los nacionales o los que dirimen casos en organismos como la OMC.
Es su respuesta ante la fuerte presión suscitada en la Eurocámara que quiere evitar que las multinacionales puedan sortear los tribunales nacionales y llegar a arreglos privados que pongan en riesgo la salud y seguridad de los europeos.
DOS TRIBUNALES
El plan contempla la creación de un tribunal de primera instancia y otro de apelaciones. El primero con 15 jueces nombrados conjuntamente por la UE y EEUU -cinco nacionales de la UE, cinco de Estados Unidos y cinco de terceros países-, mientras que el de apelaciones contará con media docena, dos de cada grupo. En ambos casos para mandatos de seis años renovables una vez.
Estos jueces, «que no serán ni mediadores ni árbitros» insiste Malmström, serán los únicos capacitados para dirimir litigios en el marco del TTIP, estarán altamente cualificados -al nivel de los que participan en los tribunales internacionales de justicia-, no podrán trabajar como abogados ni participar en ninguna actividad que pueda causar interferencias con su función judicial, y serán designados al azar sin que estados o inversores puedan influir en la elección del juez.
MECANISMO DE DENUNCIAS
Los inversores, según el plan, podrán denunciar a un Estado ante esta corte si consideran que ha habido discriminación de género, raza, religión, nacionalidad, o si ha habido expropiaciones sin compensación o denegación de justicia. Mientras, los Estados mantendrán el derecho de regulación.
«La mayor parte de los casos se pueden solucionar o bien en el contrato o en los tribunales nacionales pero incluso en democracias se dan discriminaciones, se cambian las licencias, puede haber expropiaciones, nacionalizaciones... Si hay algún caso en el que alguna empresa extranjera se ve discriminada hablamos de compensación», precisa Malmström. La comisaria someterá ahora el plan a consulta del Parlamento Europeo y de los Estados miembros, con vistas a pactar un acuerdo que pueda ser presentados al Gobierno de Estados Unidos en el marco de la negociación del TTIP.
