E n solo nueve días en la Casa Blanca Donald Trump ha recibido el primer duro golpe de la justicia, un freno aunque sea parcial y temporal a su controvertida y cada vez más criticada decisión de vetar la entrada en Estados Unidos a refugiados e inmigrantes con documentación legal de siete países de mayoría musulmana. Pero el presidente y su Administración, en otra jornada frenética marcada por miedos, denuncias, caos y la aparente descoordinación entre la Casa Blanca y las agencias del gobierno encargadas de acometer sus órdenes, han dado muestras de estar dispuestos a mantener un pulso con el poder judicial.

El revés para Trump empezó el sábado por la noche, cuando Ann Donnelly, jueza de un tribunal federal de Nueva York, ordenó que se detuvieran las deportaciones de refugiados e inmigrantes con papeles que se estaban produciendo en aeropuertos estadounidenses desde que el viernes el presidente firmó su orden ejecutiva. La magistrada no entró a valorar si la directiva de Trump viola o no la Constitución, no obligó a EEUU a admitir a los detenidos ni dictaminó nada sobre miles de personas que aún no habían embarcado rumbo a EEUU y que tienen los papeles para entrar en regla, pero con una decisión de alcance nacional y que debe aplicarse por lo menos hasta una vista fijada para el 21 de febrero al menos impidió que fueran devueltos a los países de los que provenían quienes ya habían llegado.

A esa decisión judicial le siguieron cuatro, de menos alcance pero también contrarias a la orden ejecutiva de Trump, en tribunales de Virginia, Seattle y Boston. Y los grupos de derechos civiles que habían emprendido la batalla judicial y los miles de ciudadanos que habían participado en manifestaciones espontáneas en aeropuertos de todo el país celebraron la victoria, parcial pero victoria.

A eso se sumó un comunicado de condena por parte de los fiscales generales de 16 estados, incluidos California y Nueva York. «Como los máximos responsables legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros en nuestros estados, condenamos la orden ejecutiva inconstitucional, antiestadounidense e ilegal del presidente Trump», señalaron.

El domingo, no obstante, volvió a imperar el desconcierto por obra y gracia de una Administración cuyos abogados han llegado a reconocer en los tribunales que la acelerada preparación de la orden ejecutiva no les ha dado tiempo de revisar todos sus aspectos legales.

Mientras Trump se limitaba a colgar dos tuits que no aportaban clarificación alguna, el Departamento de Seguridad Interior emitió un comunicado contradictorio en el que aseguraba que «cumplirá las órdenes judiciales» pero insistía también que seguirá aplicando la directiva.

Pero esta no es la única contradicción. El sábado fuentes de la Administración explicaban que la orden de Trump incluye restricciones de entrada para los ciudadanos de Siria, Libia, Irak, Irán, Sudan, Somalia y Yemen que ya tienen una «green card», el documento que se consigue tras un proceso de escrutinio ya extremo y que otorga estatus legal de residente permanente en EEUU. Pero el domingo, en unas declaraciones en NBC, el jefe de Gabinete de Trump, Reince Priebus, ha dado a entender que reculan y que «en adelante no les afectará».