La ONU y organizaciones de derechos humanos han criticado con dureza la entrada en vigor ayer en Hungría de la ley que permite encerrar a los solicitantes de asilo mientras se tramita su petición. La norma establece que los demandantes que cruzan la frontera húngara deben presentar sus solicitudes en las llamadas zonas de tránsito, lugares donde las condiciones de vida son lamentables, en las que quedarán retenidos hasta que se resuelva el proceso.

La ley «pretende garantizar la seguridad no solo de los ciudadanos húngaros, sino también de toda la Unión Europea», dijo el primer ministro húngaro, el conservador y xenóbofo Viktor Orbán, tras lograr que el Parlamento aprobara la medida con los votos de los diputados de su partido, el Fidesz, mayoritario en la Cámara, y los del partido de extrema derecha Jobbik.

La decisión de Budapest tuvo una rápida respuesta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que a petición de la oenegé Comité Helsinki de Hungría dictó una resolución provisional que impide que la ley se aplique a ocho menores de entre 14 y 18 años y a una mujer embarazada que están a la espera de una respuesta a sus solicitudes de asilo. «Es traumático detener a niños refugiados e inmigrantes que huyen de la violencia y la persecución y buscan una vida mejor», advirtió Unicef, mientras que Amnistía Internacional señaló que negar la protección a menores es una medida «sin precedentes en Europa».

El portavoz del Comité Helsinki de Hungría, Zsolt Zádori, denunció que «la detención de todos los solicitantes de asilo contradice el derecho europeo y también la razón. Es absurdo que alguien quiera ejercer un derecho y sea encerrado justamente por eso».