La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, acusó ayer al presidente Nicolás Maduro de haber dado un «golpe de Estado», después de que el Tribunal Supremo decidiese asumir las competencias del legislativo por mantenerse este en «desacato» desde el año pasado por el incumplimiento de varias sentencias.

«Es un golpe de Estado, y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado», aseveró Julio Borges, presidente de la Asamblea. Borges anunció que la Cámara no reconoce al máximo tribunal del país debido a que, afirmó, sus magistrados fueron elegidos «para gobernar fuera de la Constitución».

Mientras rompía en pedazos la sentencia del Supremo, Borges calificó de «basura» este documento y dijo que estas no son decisiones contra la Asamblea sino «contra el pueblo venezolano». «Estos señores de la Sala Constitucional tienen los riñones [la osadía] de creer que en estos momentos van a pasar por encima del pueblo venezolano», expresó.

LEY DE HIDROCARBUROS / El Supremo decidió asumir las competencias del Parlamento ante la persistencia del «desacato». «Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de derecho», señala la sentencia del tribunal.

Esta decisión nace de la respuesta a un recurso de interpretación en el que cuatro abogadas pidieron al Supremo analizar el alcance de un artículo constitucional y otro de la ley orgánica de hidrocarburos. Estos apartados establecen que la constitución de empresas mixtas «requerirá la aprobación previa» de la Asamblea Nacional, «a cuyo efecto el Ejecutivo (...) deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República».

La ley de hidrocarburos indica que en esta materia el Parlamento podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes, y que cualquier cambio posterior también deberá ser sometido a la evaluación de la Cámara.

ACTOS SIN VALIDEZ / Sin embargo, el Supremo resolvió que «no existe impedimento alguno» para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas, e indicó que este deberá informar a la Sala Constitucional «de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones».

Además, el TSJ subrayó que el Parlamento, «actuando de facto», no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones en estas asociaciones.

La Alta Corte señaló además que, mientras se mantenga el «desacato», todos los actos del la Asamblea Legislativa son nulos y carecen de validez.