El Ministerio Público Federal del Estado Amazonas, en Brasil, mantiene abierta una investigación por la denuncia de una masacre de más de 10 integrantes de un pueblo indígena no contactado. Varios trabajadores de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), órgano indigenista oficial de Brasil, han confirmado que entre los asesinados hay mujeres y niños.
El crimen se atribuye a los mineros de oro ilegales que se están moviendo en un remoto río amazónico. Según Survival, movimiento para los derechos de los pueblos indígenas, los buscadores se jactaron de las muertes y mostraron sus «trofeos» en una localidad cercana.
La FUNAI y la fiscalía general están investigando el caso. Dos de los presuntos criminales han sido detenidos. «Hay una investigación del caso abierta, pero no puedo dar detalles sobre el contenido para no perjudicar las indagaciones», declaró el fiscal federal Pablo Beltrand.
Si se confirman los asesinatos, Brasil tendría que hacer frente a unas consecuencias más que evidentes de los recortes presupuestarios en la FUNAI. Esta agencia protege cerca de un millón de indígenas y a sus reservas, pero desde el cambio de Gobierno en abril del 2016 está haciendo frente a un recorte económico impuesto por los políticos conservadores. La organización Survival ha denunciado que los «recortes drásticos» han repercutido «en los puestos de vigilancia que controlan la entrada de foráneos en tierra de indígenas aislados».
De hecho, el presidente de Brasil, Michel Temer, que ha permitido la explotación minera de 4,7 millones de hectáreas en la Amazonia, mantiene vínculos estrechos con el lobi más poderoso del negocio agrario antiindígena. Laura de Luis, portavoz de la oenegé Survival, explica que el Gobierno de Temer ha llevado a cabo políticas para reducir el gasto público, pero atiende a las «presiones de la bancada ruralista para menoscabar los derechos indígenas». En Brasil existe una «presión enorme sobre los territorios indígenas para abrirlos a la explotación minera, maderera y agroganadera», ha denunciado esta portavoz a este diario.
Además, Gustavo Souza, miembro de la FUNAI, ha advertido que «con los recortes de este año, el equipo de la agencia que trabaja en la zona se ha reducido a la mitad». En la misma línea, Judith Schleicher, investigadora de la Universidad de Cambridge, declaró que «las iniciativas de conservación local merecen más apoyo político, financiero y legal del que reciben actualmente», durante la presentación de un estudio para la lucha contra la desforestación ilegal en las comunidades indígenas del Amazonas.
El crimen ocurrió en agosto en el Valle de Javari, una de las reservas indígenas más extensas de Brasil, en el extremo oriental del país, muy cerca de la frontera con Perú, junto al río Jandiatuba. Allí viven más pueblos indígenas aislados que en ningún otro lugar del mundo.
La portavoz de Survival ha declarado que «la élite política del país intenta menoscabar los derechos territoriales de los pueblos indígenas para poder ocupar con impunidad sus tierras y lograr beneficios a costa de la explotación de los recursos que hay en ellas». Asimismo, la organización ha alertado que «se está desmantelando la protección de las tierras que habitan las tribus no contactadas».
Actualmente viven en Brasil unas 240 tribus que suman casi un millón de personas. Estos pueblos pueden gozar de «todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos», tal como recoge la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobada en septiembre del 2007.
Las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron este ataque a los pueblos indígenas, una masacre que supone «un retraso de décadas en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, y que amenaza con destruir a muchas de las tribus brasileñas», concluye la portavoz de Survival.
