EEl vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, lo avisó hace una semana durante la segunda audiencia al Gobierno polaco, en el marco del procedimiento sancionador del artículo 7 del Tratado activado a finales del año pasado. «Las preocupaciones de la Comisión no solo no han disminuido, sino que han ido en aumento, la situación no ha mejorado y las respuestas de Polonia a las preguntas no abren ninguna vía de avance». Seis días después, y tras meses de infructuoso diálogo, el Ejecutivo comunitario ha decidido mover ficha y denunciar a Varsovia ante el Tribunal de Justicia de la UE por vulnerar el principio de independencia judicial.
En el punto de mira está la nueva ley polaca del Tribunal Supremo, que reduce la edad de jubilación de los jueces de 70 a 65 años, lo que obligará a jubilarse a 27 de los 72 jueces en ejercicio. La legislación, que entró en vigor el pasado 3 de abril, también se aplicará a la presidenta primera del Tribunal, cuyo mandato de seis años también deberá verse interrumpido.
La ley ofrece a los jueces afectados la posibilidad de solicitar una prórroga de tres años, renovable una vez, al presidente de la República.
Sin embargo, no detalla bajo qué criterios toma la decisión el presidente ni incluye la posibilidad de introducir un recurso judicial en caso de que la solicitud sea rechazada.
«LEY INCOMPATIBLE» / Todo esto hace que la Comisión Europea siga considerando la ley polaca del Supremo como «incompatible» con el derecho comunitario por socavar el principio de la independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de los jueces.
Varsovia lleva meses haciendo oídos sordos a los continuos requerimientos de Bruselas. Ambas capitales abrieron un diálogo bajo el marco del Estado de derecho en enero del 2016. Ante la falta de progresos, la Comisión Europea propuso el 20 de diciembre de 2017 la activación, por primera vez en la UE, del artículo 7 del Tratado riesgo de vulneración del Estado de derecho y remitió una recomendación al Consejo que celebró una primera audiencia a finales de junio.
Ante la falta de resultados, la Comisión decidió enviar el pasado 2 de julio una carta de emplazamiento y a mediados de agosto un ultimátum.
La respuesta del Gobierno polaco no ha disipado las dudas del Ejecutivo, que ha decidido actuar al considerar que el nuevo régimen de jubilación de jueces está «creando un riesgo de perjuicio grave e irreparable para la independencia judicial en Polonia y, por tanto, para el ordenamiento jurídico de la Unión».
MEDIDAS CAUTELARES / Es lo que piensan también una docena de estados miembros, entre ellos Francia y Alemania, que durante el debate reconocieron la situación de urgencia. Para que los gobiernos determinen que existe un riesgo de vulneración del Estado de derecho, sin embargo, es necesaria una mayoría de cuatro quintos en el Consejo de asuntos generales. Bruselas insistió en que es partidaria de primar el diálogo, pero también sabe que la paciencia se acaba.
