Las restrictivas políticas inmigratorias de la Casa Blanca servirán a Donald Trump para demostrar durante su campaña de reelección que ha cumplido con sus promesas. Tanto la llegada de refugiados, como de inmigrantes legales e ilegales, se ha desplomado. Pero esas mismas políticas están teniendo también los efectos adversos que muchos temían y nadie en la Administración se ha atrevido a abordar públicamente.
«Estamos desesperados», dijo la semana pasada Mick Mulvaney, el jefe de gabinete del presidente durante una reunión privada en Inglaterra, desvelada por la prensa. «Nos estamos quedando sin gente para alimentar el crecimiento económico de los últimos cuatro años. Necesitamos más inmigrantes». No parece que sus deseos se vayan a cumplir porque ayer entraron en vigor nuevas restricciones.
La primera es algo parecido a una prueba de riqueza para poder denegar visados y la residencia legal a los inmigrantes que representan una «carga pública» (por edad, estado de salud, formación académica y patrimonio) para el Estado. La Administración ha defendido los cambios como una forma de hacer el sistema más meritocrático y priorizar la captación de trabajadores cualificados, pero sus críticos consideran que no es más que una estratagema para vetar la entrada a los pobres. La nueva norma establece que se podrá negar la carta verde que regula la residencia legal en el país a los inmigrantes que reciban subvenciones públicas para ayudarles a pagar la cobertura sanitaria, la vivienda o la alimentación. Basta que se beneficien de un solo programa social durante más de 12 meses en un periodo de tres años para quedar fuera.
Los estudios sugieren que el impacto podría ser muy considerable. Dos tercios de los inmigrantes que recibieron la residencia entre el 2012 y el 2016 no hubieran pasado el corte con las nuevas reglas, según el Migration Policy Institute. Y el miedo ahora de las organizaciones que defienden sus derechos es que muchos de ellos renuncien a las ayudas sociales que reciben para no poner en peligro su estatus inmigratorio. Una situación que podría afectar a 10 millones de personas, todas ellas trabajadoras, la condición indispensable para recibir las ayudas.
