Michel Barnier ya tiene vía libre de los Veintisiete para empezar a negociar con el Gobierno de Boris Johnson el marco que regirá la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido. Los ministros de Asuntos Exteriores aprobaron ayer por unanimidad un mandato negociador «ambicioso», «equilibrado» y con las líneas rojas para empezar a negociar la próxima semana. «Estamos determinados a llegar a un acuerdo que proteja los intereses europeos», manifestó el negociador europeo.

El visto bueno permitirá lanzar los contactos formales con el equipo de David Frost el 2 de marzo en la capital comunitaria. Las rondas negociadoras se celebrarán cada tres semanas, de forma alterna en Bruselas y Londres, y el objetivo será cerrar un pacto para mediados de octubre, a tiempo para que pueda ser ratificado antes de finales de año. Un calendario extremadamente exigente y ambicioso que concede 10 meses de plazo para negociar el acuerdo dado que Londres ha descartado pedir una prórroga -puede hacerlo hasta el 1 de julio- del periodo de transición, que expira el 31 de diciembre del 2020.

«El trabajo duro llega ahora. Espero que podamos llegar a un acuerdo con el Reino Unido antes de finales de año», indicó el ministro de Exteriores holandés, Stef Blok. Las directrices recogen la intención de la Unión Europea de ofrecer un acuerdo de libre comercio, incluido un pacto pesquero, con cero aranceles y cero cuotas para los productos británicos. Además, tal y como ha reclamado durante la sesión España, el texto subraya que «cualquier acuerdo entre la UE y el Reino Unido» no incluirá a Gibraltar, cuyo futuro dependerá de un acuerdo bilateral entre Madrid y Londres.

NO AL ‘DUMPING’ / Pero el «generoso» acceso al mercado europeo de 350 millones de consumidores, irá acompañado de una condición sine qua non: que el Ejecutivo de Londres mantenga unas reglas limpias y una competencia leal en materia de estándares sociales, laborales medioambientales, fiscales y de ayudas de Estado.

«Estamos dispuestos a ofrecer un acuerdo comercial verdaderamente ambicioso, pero no pueden pretender un acceso de calidad sin garantías de que la competencia será abierta y justa. Tiene que haber igualdad de condiciones, con salvaguardas firmes, para evitar ventajas competitivas injustas en cuestión de ayudas públicas», justificaba el negociador de la Comisión para el brexit.