Había amenazado con hacerlo y ayer el primer ministro francés, Edouard Philippe, lo anunció oficialmente en la tribuna de oradores de la Asamblea Nacional. El Gobierno recurrirá al decreto para aprobar la polémica reforma de las pensiones prometida por Emmanuel Macron para transformar los 42 regímenes actuales en un sistema universal por puntos, una reforma que ha provocado la huelga más larga de la historia de Francia y una contestación sin precedentes.
Philippe activará el artículo 49.3 de la Constitución después de haber logrado el visto bueno del Consejo de Ministros.
En un hemiciclo semivacío, el primer ministro justificó su decisión denunciando una «estrategia de obstrucción deliberada» por parte de una minoría que, con un torrente de enmiendas al texto, impide el avance de los debates. El examen del proyecto legislativo comenzó hace 15 días en la Cámara, pero los diputados solo han llegado al artículo 8. La Francia Insumisa y el Grupo comunista habían presentado más de 30.000 enmiendas de un total de 41.000.
El Elíseo y el Ejecutivo quieren avanzar para evitar que el dosier de las pensiones se enquiste e impida seguir adelante con el resto de las reformas pendientes de la legislatura. Su intención es tener lista la ley antes del verano.
El artículo 49.3 de la Constitución es una especie de bazuca parlamentario que ya usó el exprimer ministro Manuel Valls para sacar adelante la reforma laboral temiendo que los diputados socialistas rebeldes votaran en contra del texto.
El recurso a esta herramienta constitucional obliga al Gobierno a someterse a la confianza de la Asamblea.
Los diputados que contesten la medida disponen de 24 horas para presentar una moción de censura, que será debatida en las 48 horas siguientes al anuncio del Ejecutivo francés.
Si triunfa, el Gobierno cae y el texto legislativo será rechazado. Pero se trata de un escenario poco probable, puesto que el partido gubernamental disfruta actualmente de una cómoda mayoría.
