En el 2011 y 2012, hace ya ocho años, cientos de miles de personas salieron a la calle cuando se supo que el entonces primer ministro, Vladímir Putin, iba a cambiar su silla con el presidente vicario Dmitri Medvédev y volvía a optar a la presidencia de Rusia. Los manifestantes lograron poner en jaque al Kremlin durante varios meses y solo unas duras condenas judiciales apagaron el movimiento contestatario. Por lógica, la perspectiva ahora de tener a un jefe del Estado vitalicio y blindado constitucionalmente debería agitar aún más los ánimos, algo que, sin embargo, no tiene muy claro el sociólogo y analista Konstantin Gaaze. Para hacer más palatable los nuevos mandatos de Putin, el Kremlin ha intentado incluir populares medidas sociales en el paquete de reformas que busca aprobar con el referéndum de abril. Entre ellas están la indexación de las pensiones o el salario mínimo, algo que suscitaba apoyo en las encuestas ciudadanas. El coronavirus, sin embargo, plantea el riesgo de trastocar estos cálculos. «Más que la reforma constitucional, el tema en los próximos meses será la salud; si el Kremlin mantiene la votación en abril, se arriesga a generar un vasto movimiento en su contra», explica a este diario.