B rasil registró el lunes 685 muertes y 26.496 casos por covid-19. El gigante sudamericano acumula 87.737 decesos y 2.446.397 personas contagiadas. Con el peso de esas cifras, más de 60 sindicatos de trabajadores de la salud han denunciado al presidente Jair Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional en La Haya (TPI) por su responsabilidad en el modo en que impactó la pandemia en ese país.

Según Regina Costa, una de las portavoces del colectivo, «Bolsonaro ha llevado a cabo una estrategia genocida». Para la Red Sindical UniSaúde, que representa a más de un millón de médicos, técnicos y enfermeros, «la materialidad de los crímenes cometidos está debidamente confirmada» en las acciones y omisiones del jefe del Estado, entre ellas, la deriva de la política sanitaria.

El papel del capitán retirado, sostienen los denunciantes, ha quedado en evidencia cuando promovió «la aglomeración de sus partidarios, acercándose a ellos sin máscara» y en la defensa de «medicamentos como la hidroxicloroquina, sobre los cuales no hay pruebas científicas de su efectividad contra la enfermedad».

UniSaúde considera a su vez que Brasil se ha expuesto a una «tragedia general» porque el Gobierno de ultraderecha «no observó la pandemia como debería». Y al respecto, se recuerda, por ejemplo, cuando el coronavirus fue calificado de «gripecita» y otras subestimaciones del mismo tono por el presidente del país.

Ya se han presentado ante el Tribunal Penal Internacional otras denuncias similares contra el mandatario. La Fiscalía del tribunal con sede en La Haya posibilita a través del artículo 15 de su carta fundacional, el Estatuto de Roma, que cualquier tipo de organizaciones, oenegés e incluso personas individuales envíen información documentando los supuestos delitos.

Pero, además, un grupo de 152 obispos, arzobispos y obispos eméritos de la Iglesia Católica preparan una repulsa pública de la política sanitaria de Bolsonaro. En la llamada Carta al Pueblo de Dios, los religiosos, cuyo borrador ya ha sido divulgado por la prensa, sostienen que Brasil atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, que podría compararse con una «tormenta perfecta», propiciada por el Gobierno.

El texto final debe ser aprobado por la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. Los que ya lo han suscrito advierten de la reiteración por parte del Ejecutivo de «discursos anticientíficos que intentan naturalizar o normalizar el flagelo de las miles de muertes, tratándolas como fruto de una casualidad o del castigo divino». El documento augura al mismo tiempo un «caos socioeconómico» con la correspondiente «hambruna» para los próximos meses.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ha aprobado la realización de pruebas entre la población de las vacunas desarrolladas por la compañía farmacéutica estadounidense Pfizer junto con la compañía alemana de biotecnología BioNTech. H