Trece países de la Unión Europea, entre los que figura España, han cerrado filas y se han unido para condenar la nueva legislación de Hungría que prohíbe hablar de homosexualidad o de identidad sexual en los programas escolares. En una declaración publicada este martes, con motivo del Consejo de Asuntos Generales celebrado en Luxemburgo, los trece gobiernos expresan su “profunda preocupación” por esta nueva deriva y urgen a la Comisión Europea a utilizar todas las herramientas a su alcance para asegurar el pleno respeto de la legislación europea, incluido un posible recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En el foco de las críticas se encuentra una nueva normativa legislativa promovida en el parlamento húngaro por el ultraconservador Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán. La ley no solo prohíbe hablar de identidad sexual en las escuelas, también prohíbe retransmitir programas de televisión para menores de 18 años que contengan temática relacionada con el colectivo LGTBI. que “representen la homosexualidad o que promuevan la desviación de la identidad de género, la reasignación de sexo y la homosexuales”.

“Representa una forma flagrante de discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión y por tanto merece ser condenada”, subraya el texto firmado por Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países bajos, España y Suecia. Los trece recuerdan que la inclusión, la dignidad humana y la igualdad son “valores centrales de la UE” y que no puede por tanto haber compromiso posible sobre ellos.

Estigmatización de los LGTBIQ

Para todos ellos, las enmiendas introducidas por el gobierno Orbán “violan la libertad de expresión” al limitar la libertad de opinar y de recibir e impartir información sin interferencia de las autoridades públicas, algo recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. “La estigmatización de las personas LGTBIQ constituye una clara vulneración de su derecho fundamental a la dignidad”, ha advertido el secretario de estado para asuntos europeos de España, Juan González-Barba. Los gobiernos instan a la Comisión Europea, como guardiana de los tratados, a utilizar todas las medidas a su alcance, incluso denunciar el caso ante el TJUE.

Salvo las tres repúblicas bálticas, ningún Estado miembro del este de Europa se ha sumado la declaración de condena promovida por los países del Benelux. No están por tanto ni Polonia, ni República checa, ni Eslovaquia entre otros. Tampoco han suscrito el texto Italia, Grecia o Portugal aunque este último ocupa la presidencia de turno de la UE.