El Vaticano ha pedido formalmente al Gobierno italiano que modifique su proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia, ya que considera que viola algunos contenidos del Concordato que regula las relaciones entre el Estado italiano y la Iglesia católica.

Según informa 'Il Corriere della Sera', el secretario de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, Paul Richard Gallagher, acudió el pasado 17 de junio a la embajada de Italia ante la Santa Sede y entregó al primer consejero una 'nota verbal', es decir, una comunicación formal elaborada en tercera persona y sin firmar. En esta nota, indicaría que "algunos contenidos de la propuesta legislativa que se examina en el Senado reducen la libertad garantizada a la Iglesia Católica por el artículo 2, párrafos 1 y 3 del Acuerdo para la revisión del Concordato".

Estos apartados de la modificación del acuerdo de 1984 entre Italia y la Santa Sede, garantizan a la Iglesia "la libertad de organización, de culto público, del ejercicio del magisterio y del ministerio episcopal" y, por otro lado, garantizan "a los católicos y sus asociaciones y organizaciones la plena libertad de reunión y manifestación del pensamiento mediante la palabra, la escritura y cualquier otro medio de difusión".

Así, para el Vaticano, la ley proyectada por el ejecutivo italiano atentaría contra la mencionada "libertad de organización" y contra la "libertad de pensamiento" de los católicos. En concreto, no están de acuerdo con el artículo 7 de la ley, según el cual, las escuelas católicas privadas no estarían exentas de organizar actividades con motivo del Día Nacional contra la Homofobia y la Transfobia.

En la nota, la Santa Sede también muestra su preocupación por el hecho de que la nueva norma pueda generar incluso consecuencias de carácter judicial. "Pedimos que se acepten nuestras preocupaciones", concluye el Vaticano.

Según el diario italiano, los asesores de la Embajada italiana ante la Santa Sede entregaron la nota al Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores de Luigi Di Maio y a la Oficina de Relaciones con el Parlamento.