La defensa de Pablo Ibar ha presentado un escrito de apelación ante el Tribunal de Florida en el que reclama la repetición del juicio en el que el preso de origen vasco fue declarado culpable de tres asesinatos, ya que considera que el tribunal "vulneró derechos constitucionales" del acusado en el último juicio, según ha informado en un comunicado la asociación Pablo Ibar.

Pablo Ibar, que permanece en la actualidad recluido en la prisión de Okeechobee (Florida), fue declarado culpable del triple crimen que acabó con las vidas de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno y propietario de la vivienda donde se perpetraron los delitos, y de las jóvenes Sharon Anderson y Marie Rogers.

En el escrito, registrado ante el Tribunal de Apelaciones del 4º Distrito del estado de Florida, el letrado Joe Nascimiento fundamenta en trece motivos su recurso de apelación, en el que solicita la anulación de la cadena perpetua que le fue impuesta en 2019 por un jurado. La defensa reclama también la celebración de un nuevo juicio.

El letrado estadounidense sustenta su solicitud en las "numerosas irregularidades y decisiones de absoluta parcialidad" en las que, a su juicio, incurrió el juez Dennis Bailey, quien dirigió el último proceso, y al que acusa de "vulnerar derechos constitucionales".

En los 117 folios de los que consta el escrito, Joe Nascimento, que formó parte del equipo de juristas que defendió a Pablo Ibar en el juicio anterior, desgrana "toda una batería de irregularidades en las que habría incidido el juez Bailey, hoy fuera de la carrera judicial tras no lograr su reelección".

El abogado de Pablo Ibar sostiene que, en determinados momentos del juicio, el tribunal de primera instancia de Broward County "abusó de su discrecionalidad" y, en otros, "cometió graves errores jurídicos".

"Derechos constitucionales"

Nascimento afirma que el tribunal "violó los derechos constitucionales" del acusado a un jurado "justo e imparcial", al denegar, entre otras cuestiones, "la moción de la defensa de sacar al jurado de la sala cuando el Estado se refirió de manera inadmisible al derecho constitucional del acusado a guardar silencio, implicando que su silencio era una admisión de culpabilidad". En su opinión, constituye "una clara violación de la Quinta Enmienda de la Constitución".

Asimismo, el letrado entiende que el mismo órgano judicial "no actuó de manera imparcial" cuando prohibió a la defensa interrogar a testigos clave para los intereses de Pablo Ibar, o cuando admitió la declaración sobre una rueda de reconocimiento fotográfica de otro testigo que dijo haber visto el día de los hechos a Ibar a bordo del Mercedes de Casimir Sucharski, una de las víctimas".

En este sentido, la defensa señala en este sentido que los procedimientos puestos en práctica por los agentes que investigaron los hechos "fueron innecesariamente sugestivos" y condujeron al testigo "a una probabilidad sustancial de identificación errónea". Además, añade que la introducción de esta prueba "no fue inocua".

Joe Nascimento considera que el tribunal "vulneró" el derecho constitucional de Ibar a un proceso "con todas las garantías y su derecho a la contradicción al prohibir que la defensa interrogase al especialista del Estado en materia de ADN sobre anteriores casos de contaminaciones cruzadas que se produjeron en el Laboratorio de Criminalística del Sheriff del Condado de Broward".

En este sentido, ha recordado que la Fiscalía aportó para este juicio, de manera "un tanto sorpresiva", una camiseta que contenía "unas minúsculas muestras de ADN de Pablo Ibar". La defensa ha venido sosteniendo que dicha muestra en todo caso fue "fruto de una contaminación" que se produjo en el laboratorio.

Además, en la apelación se critica la "conducta inapropiada" del fiscal Charles Morton, quien en el alegato final negó a Ibar su "derecho constitucional a un juicio justo".

Por ello, el abogado cree que, una vez más, el juez "abusó de su discrecionalidad" cuando desestimó la protesta de Pablo Ibar después de que el fiscal finalizase su informe con una "declaración incendiaria". "Morton llegó a decir al jurado que 'no permitiera que este hombre se salga con la suya; se libre de haber cometido un asesinato'", ha recordado.

Traslado a la Fiscalía

Con la apelación ahora presentada se reactiva la maquinaria judicial a través de la cual Pablo Ibar pretende demostrar que no tuvo participación alguna en los tres asesinatos que se le imputan y que se cometieron hace 27 años en un domicilio de Miramar, localidad próxima a Miami.

A partir de ahora, el texto de la apelación será trasladado a la Fiscalía para que, a su vez, efectúe las alegaciones que estime oportunas.

Seguidamente, la defensa dispondrá de un nuevo turno para replicar los argumentos de la acusación y solo entonces, el Tribunal de Apelaciones examinará los argumentos de las partes y abrirá un proceso de deliberación antes de emitir su decisión, que será la de repetir nuevamente el juicio o denegar la petición.

Esa resolución, según fuentes de la defensa, podría demorarse un año. En el caso de que la apelación no prosperase, la defensa acudirá al Tribunal Supremo de Florida.

Por otra parte, la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo continúa trabajando en la recaudación de fondos entre las instituciones, organismos y también entre la ciudadanía que permitan costear la apelación, a través de una campaña de crowfunding. El presupuesto para esta fase es de 200.000 dólares (164.200 euros).