La Unión Europea (UE) podría endurecer la recopilación de datos para espiar a personas migrantes y refugiadas. Hasta 31 organizaciones humanitarias entre las que figura Amnistía Internacional han denunciado en una carta abierta que la propuesta, defendida por Vox, supondría una “poderosa herramienta de vigilancia masiva” que supondría una “violación de los derechos”.
El proyecto denunciado es una reforma del Eurodac, la base de datos europea con el que la UE recoge las huellas dactilares de personas migrantes desde el año 2000 con el objetivo de evitar que se presenten peticiones de asilo en distintos países, pues la ley europea fija que solo pueden hacerlo en el primer territorio que pisan, lo que lleva a los países del sur del continente a asumir una mayor responsabilidad.
Ese sistema, que forma parte del Reglamento Obligatorio, está pendiente de reformarse. El año 2018, un acuerdo entre europarlamentarios y ministros del Interior de distintas naciones llevó a la Comisión Europea (CE) a pedir la ampliación esa base de datos para pasar a recopilar datos como imágenes faciales y detalles de los pasaportes, además de las huellas dactilares. El pacto también busca extender ese registro hasta niños y niñas de seis años —actualmente la edad mínima legal son los 14— y que los datos recabados de inmigrantes sin documentos pasen de conservarse de 18 meses a cinco años.
Europa, a la derecha
Ese acuerdo político está integrado en las negociaciones para reformar la ley europea de asilo y quedó paralizado por la falta de acuerdo en el Parlamento Europeo. El grupo de Conservadores y Reformistas Europeos presionó para que fuese Jorge Buxadé, vicepresidente primero de acción política de la formación ultraderechista española, quien asumiese el redactado de esa polémica reforma para ampliar la recopilación de datos. Así, el responsable de Vox ha añadido la obligación de someter a niños y niñas a tests biométricos para ceder sus datos y ha planteado recopilar incluso el ADN de personas migrantes para tenerlas bajo control. Sin embargo, la propuesta de reforma parte de la misma Comisión Europea. "Lo más grave es que en materia migratoria la CE no tiene posturas muy alejadas de la extrema derecha gobierna, que marca esas líneas a través del centro liberal", denuncia Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos.
Además del grupo de Vox, la reforma está apoyada por el grupo del Partido Popular Europeo, donde figura el PP o la CDU alemana, y el grupo Identidad y Democracia, compuesto por partidos ultraderechistas como los de Marine Le Pen en Francia o Matteo Salvini en Italia. El bloqueo político a este grupo ultra llevó a otras fuerzas reaccionarias a unirse, como Vox, al grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, donde tienen mayor margen para tomar medidas en Europa.
Aprovechando ese caramelo político, Buxadé ha sacado pecho y defendido la propuesta. “El parlamento no planea aplicar ningún retraso adicional y seguiremos negociando para su adopción”, ha replicado. Sin embargo, las oenegés han denunciado el impacto que puede tener sobre las libertades civiles en la UE. “Es desproporcionado e invasivo con la privacidad”, reza su carta abierta. “La gente que migra merece el mismo nivel de protección que cualquier otro y la UE no debería aprovecharse de su vulnerabilidad para atarlos a una vigilancia masiva y a un trato indigno”.
Ante el revuelo causado por el giro reaccionario migratorio de la CE apoyado por la extrema derecha, las formaciones de izquierda de la Eurocámara han solicitado una evaluación de servicios jurídicos por si esa reforma atenta contra las leyes básicas. "Entendemos que vulnera derechos de la infancia y de las migrantes y refuerza su estigmatización y xenofobia política de la Europa fortaleza", señala Urbán. Izquierda, verdes, liberales y socialdemócratas plantean presentar enmiendas para limitar la adopción de esa ampliación de la recolección de datos sobre la población migrante.
