Las dos últimas semanas Estados Unidos ha vivido políticamente en el filo de la navaja. Se ha asomado a un cierre operativo de la Administración y se ha acercado a la debacle económica que representaría no elevar el techo de la deuda, lo que haría que por primera vez en su historia el país no pudiera hacer frente al pago de sus obligaciones financieras. En ambos casos las crisis se han acabado evitando pero el Congreso solo ha pospuesto, no ha solucionado, los retos entre manos, y los dos temas volverán a dominar la política en solo unas semanas, prometiendo intensas negociaciones y tensiones de nuevo disparadas conforme se acerque el principio de diciembre.

El tiempo ganado contra reloj, en cualquier caso, da ahora algo de margen a Joe Biden y a los demócratas para tratar de solventar las diferencias internas en el partido que hasta el momento han impedido sacar adelante la ambiciosa agenda nacional del presidente. No es, como se ha podido comprobar también en las últimas semanas, un reto menos monumental que superar las barreras republicanas.

Un elemento central de la agenda de Biden es un plan de infraestructuras, de 1,2 billones de dólares, que tiene el apoyo bipartidista en el Congreso para salir adelante. Pero el núcleo si cabe más fundamental del proyecto del demócrata es un plan más ambicioso de “infraestructura humana” que plantea una remodelación y ampliación profunda de la cobertura social en EEUU y de las normas ambientales para luchar contra el cambio climático.

Ese plan, que respeta las promesas de campaña de Biden que le alinearon con el ala progresista de su partido, incluye elementos como programas universales gratuitos de educación preescolar y en educación superior en las universidades financiadas estatalmente, bajas parentales y créditos fiscales para padres, asistencia para el cuidado de menores y ancianos, ayudas para vivienda, rebajas de precios de medicamentos o la expansión de beneficios de Medicare, el programa sanitario público para mayores, para incluir coberturas como la dental. La inversión inicial planteada era de 3,5 billones de dólares en la próxima década, un gasto que según la Casa Blanca se financiaría fundamentalmente con subidas de impuestos a los estadounidenses de más altos ingresos y las corporaciones.

El reto interno

El gran problema con el que ha topado Biden no es solo la oposición frontal republicana, que forzará a que el plan se plantee con un mecanismo llamado de reconciliación para frenar la posibilidad de que los conservadores lo bloqueen con el filibusterismo y solo requeriría la mayoría simple para la aprobación. El reto central es que con su exiguo control en el Congreso y especialmente en el Senado, donde cuenta con 50 de los 100 senadores y el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, Biden no puede permitirse perder ni un voto, y dos senadores moderados, Joe Manchin y Kyrsten Sinema, rechazan su plan por su coste.

Ese rechazo ha creado un pulso entre las alas moderada y progresista del Partido Demócrata y, de momento, ha sido la izquierda la que ha mantenido el control. El 30 de septiembre, la fecha que Nancy Pelosi había marcado para votar el plan de infraestructuras, los progresistas lograron que se pospusiera el voto mientras no haya garantías de los demócratas moderados de que apoyaran el plan social y ambiental. La nueva fecha marcada por Pelosi para la votación es el 31 de octubre y el propio Biden se ha alineado con la idea de que las dos iniciativas van unidas.

El mandatario, que no ha ocultado su frustración con el hecho de que solo dos senadores de su partido sean capaces de frenar su agenda, lanza señales de optimismo y ha asegurado que “no importa cuándo, no importa si es en seis minutos, seis días o seis semanas: lo vamos a sacar adelante”. Está participando personalmente en las intensas negociaciones para intentar buscar ahora un terreno común entre progresistas y moderados.

Concesiones

En reuniones privadas se ha mostrado dispuesto a rebajar el coste de la ley de reconciliación a entre 1,9 y 2,2 billones de dólares. Esa es una cifra que Manchin ha dado indicaciones de estar dispuesto a aceptar (qué busca Sinema, mientras, sigue siendo un misterio). Es también una cifra que consideran insuficiente los congresistas progresistas, que están poniendo sobre la mesa propuestas que bajarían de los 3,5 billones pero solo hasta entre 2,5 y 2,9 billones.

Hay también distintas ideas de cómo lograr reducir esa factura (que queda muy lejos de los 7,5 billones que el gobierno federal destina en una década a Defensa) sin perder la apuesta por realizar la que sería la mayor ampliación del estado de bienestar en seis décadas. Biden, por ejemplo, ha planteado entre sus opciones de compromiso la idea de que algunos de los programas solo se ofrezcan a personas que estén por debajo de determinado nivel de ingresos y no de forma universal. Pelosi ha sugerido que muchos en el partido apuestan por dejar en la ley menos programas pero fundamentales para la transformación. Los progresistas, mientras, lo que plantean es mantener todos los programas pero acortar su tiempo de aplicación, convencidos de que serán tan populares que más adelante será fácil renovarlos.

Biden ha pasado además la última semana viajando y enviando a otros miembros de su Administración a zonas del país que no son feudos demócratas sino políticamente disputadas para defender sus planes y acrecentar el respaldo de los ciudadanos, que en las encuestas muestran apoyo a su gran apuesta. Es también un guiño a congresistas demócratas que enfrentan elecciones complicadas en las legislativas de 2022, en las que estrategas de ambos partidos creen que los republicanos recuperarán el control de la Cámara Baja.

Aunque persisten las tensiones internas que se dispararon antes del 30 de septiembre, el tono crispado se ha diluido algo y se palpa más pragmatismo dentro de todo el partido para sacar adelante la agenda de Biden que llevaría a los demócratas a transformaciones que llevan años prometiendo. Y el propio mandatario el martes en Michigan dejaba su mensaje: “Estas leyes no son de izquierda contra derecha o moderados contra progresistas o nada que enfrente a unos estadounidenses con otros”, dijo. “Son sobre oportunidad contra declive”.