El futuro del derecho al aborto en Estados Unidos depende de un Tribunal Supremo de sólida mayoría conservadora, que el 1 de diciembre escuchará los argumentos en el caso referido a una restrictiva ley de Misisipí, cuya aplicación está paralizada mientras se dirime su futuro judicial. Antes, no obstante, el Alto Tribunal está lidiando con una ley aún más draconiana y que se está aplicando ya desde el 1 de septiembre, la SB8 de Texas, una norma a la que el Alto Tribunal dio inicialmente luz verde con una votación 5-4 en que la mayoría se apoyó en un tecnicismo para permitir su entrada en vigor, sin entrar en si la norma es constitucional o no.
Este lunes los nueve magistrados han escuchado casi tres horas de argumentos en que tanto los proveedores médicos como la Administración de Joe Biden intentan paralizar la ley tejana. Esta cierra la puerta prácticamente a la mayoría de interrupciones del embarazo al prohibirlas después de que se detecte la primera actividad cardíaca del feto (aproximadamente a las seis semanas). Y hasta ahora ha sobrevivido los retos judiciales gracias a su inédito y maquiavélico diseño, que convierte a ciudadanos corrientes en cazadores de recompensas al delegar en ellos la presentación de demandas contra quien haya "ayudado o sido cómplice" de una mujer para conseguir un aborto o quien lo practique.
A diferencia de lo que pasó en septiembre, dos de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, nombrados por Donald Trump y que hace dos meses permitieron la entrada en vigor de la ley, este lunes han mostrado cierto escepticismo con los argumentos del estado de Tejas para defender la norma. En el fondo de sus dudas late un temor del que se ha hablado mucho en la sesión de este lunes: que los estados puedan aprobar leyes con un diseño similar a la de Texas que limitarían no el aborto sino otros derechos.
Decisión rápida
“Ningún derecho constitucional y ninguna decisión constitucional de este tribunal está a salvo”, ha advertido Elizabeth Prelogar, la principal representante legal de la Administración. Y los tres magistrados progresistas, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Stephen Breyer también han lanzado ese aviso. “Esencialmente estaríamos invitando a los 50 estados a intentar anular la ley que ha establecido este tribunal”, ha dicho Kagan. “Se abre la veda. No hay nada que el Supremo pueda hacer al respecto. Armas, matrimonio homosexual, derechos religiosos, lo que sea que no guste...”.
Aunque no hay fecha prevista para la decisión sobre el caso de Tejas se espera que el Supremo la adopte rápido. Y es posible que cuando decidan simplemente vuelvan a enviar la ley a tribunales inferiores y no entren a valorar, como ya pasó en septiembre, la constitucionalidad de la ley, algo que sí se espera en el caso de la ley de Misisipí.
