Los Veintisiete, debido a su incapacidad para consensuar un sistema común de gestión del asilo y la inmigración irregular en la Unión Europea (UE) con un reparto solidario de la carga, han apostado por la ‘Europa fortaleza’ y la subcontratación del papel de gendarme migratorio a países próximos (Turquía, Libia, Marruecos, Níger). El precio de esta opción ha sido el sacrificio de los principios humanitarios en los que se fundamenta la UE y una escasa inversión en integrar a los inmigrantes que la UE necesita para evitar el declive económico que conlleva su envejecimiento demográfico.
El actual problema en la frontera de Polonia y de los países bálticos con Bielorrusia muestra los límites del modelo de ‘Europa fortaleza’. La ausencia de una política común europea de inmigración y asilo permite a cualquier país próximo instrumentalizar esa vulnerabilidad para presionar y chantajear a la UE, como está haciendo Bielorrusia desde hace varios meses, como hizo Marruecos con España en mayo y como hizo Turquía con la UE en marzo de 2020 y de junio de 2015 a marzo de 2016. Polonia, cuyo Gobierno rechaza por principio a los refugiados e inmigrantes de fuera de Europa, es un blanco fácil para estos chantajes.
La UE ha contribuido a reforzar el poder de Bielorrusia al sobredimensionar el problema en su frontera oriental, como si la acumulación en ella de unos centenares o de unos miles de inmigrantes (4.000, según Polonia) fuera a poner en peligro la seguridad de 27 estados que totalizan 447 millones de habitantes. En los nueve primeros meses de este año han llegado 13.194 inmigrantes irregulares y refugiados a Grecia, que tiene la mitad de población que Polonia, según la Agencia Europea de Fronteras (Frontex). En España, los irregulares llegados a través de Mediterráneo y en las islas Canarias ascendieron a 25.577 en los nueve primeros meses, mientras que en Italia sumaron 47.618. España e Italia intentan gestionar esos flujos migratorios sin clamar, como Polonia, que el país está en peligro, ni buscar el respaldo de la OTAN.
Presión tardía
La UE además ha tardado mucho en presionar a las líneas áreas regulares de Turquía, Dubái y Emiratos Árabes y a las compañías europeas que alquilan aviones a la bielorrusa Belavia, como Nordic Aviation Capital con sede en el paraíso fiscal irlandés, para que dejen de cooperar con las maniobras del régimen bielorruso de trasladar a Minsk a los refugiados que luego lleva a las fronteras polaca y bálticas.
La crisis supondrá un enorme daño a la autoridad moral internacional de la UE debido a la imagen de inmigrantes hacinados frente a las vallas fronterizas en medio de temperaturas glaciales, mientras que las sanciones europeas tendrán un impacto muy limitado en el régimen autoritario bielorruso. La crisis también implicará un elevado coste político en la UE al tener que expresar las instituciones europeas y los otros estados su respaldo al Gobierno polaco del partido ultraderechista Ley y Justicia (PiS), que se distingue desde 2015 por pisotear los principios democráticos de la UE y los fundamentos del Derecho Europeo. Como el sueño de esos refugiados e inmigrantes es llegar a Alemania, Varsovia cuenta con el respaldo de Berlín.
El Gobierno ultra polaco instrumentaliza la crisis para clamar que el país está en peligro, acusar a la oposición de “traidores” y recuperar el respaldo popular perdido por sus choques con la UE y el fallecimiento de una mujer a quien se denegó un aborto terapéutico. El Gobierno ha sufrido en los últimos meses un retroceso en expectativa de voto y los dos principales partidos de la oposición sumados ya le superan, según los sondeos. Polonia prohíbe el acceso a las zonas fronterizas con Bielorrusia a la prensa, a las organizaciones humanitarias e incluso a Frontex para que los 15.000 efectivos desplegados de su ejercito y fuerzas de seguridad puedan actuar sin testigos.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una nueva asunción de la agenda ultraderechista por parte de los líderes europeos, ha afirmado esta semana en Varsovia que nada impide legalmente financiar con fondos europeos la construcción de muros fronterizos, como pide Varsovia. Las declaraciones de Michel, que encargó un informe al servicio jurídico del Consejo de la UE, supone una desautorización frontal a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que rechazó el 22 de octubre que se pudieran utilizar los fondos europeos para construir “muros y alambradas con púas” en las fronteras de la UE.
