Prometer es más fácil que cumplir. En Estados Unidos, en lo que respecta a la política de inmigración, se está comprobando en la Administración de Joe Biden. Entre imposiciones de los tribunales que le han obligado a mantener una dura política implementada por Donald Trump, decisiones propias para seguir aplicando otras medidas no menos controvertidas, tensos debates con posiciones enfrentadas entre distintas partes de su Gobierno y su partido sobre cómo responder a la llegada de inmigrantes sin papeles que ha alcanzado las cotas más altas en 20 años y también por la parálisis del Congreso, el demócrata está tras casi un año de mandato en un lugar muy lejano del que planteó cuando era candidato.
En los próximos días, su Administración volverá a implementar la polémica política de Trump conocida como “quedarse en México”, por la que los solicitantes de asilo en EEUU que llegan por la frontera sur deben esperar las tramitaciones en el país vecino. Aunque Biden la suspendió en su primer día en la Casa Blanca, los tribunales le obligaron a reinstaurarla en agosto y lograron el aval del Supremo. Y pese a que la Administración ha hecho otro intento más ante la justicia de evitarlo y aún quedan algunos detalles que negociar, según fuentes de México citadas por Reuters, el retorno de la política es inminente, según ha avanzado Axios.
La Administración Biden también ha decidido mantener indefinidamente, pero en este caso sin que haya órdenes judiciales, otra medida ampliamente criticada que adoptó su predecesor. Conocido como Título 42, por una parte del código de salud, ese proceso se ampara en la emergencia por la pandemia para expulsar a los inmigrantes detenidos en la frontera sin permitirles solicitar asilo o refugio.
Tensiones internas
Son pasos que crean tensiones dentro del Partido Demócrata y en el propio círculo de asesores de Biden. El ala progresista pide dar más pasos y más decididos para cumplir las promesas de campaña y abogan, por ejemplo, para que se establezcan mecanismos que permitan tramitar más rápido las peticiones de asilo o abran la posibilidad de solicitarla desde el país de origen y urgen a crear más vías para la inmigración legal.
Mientras, otra facción de asesores y altos cargos, entre la que se cuentan el jefe de Gabinete, Ron Klain, y el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, promueven políticas más duras como elevar las deportaciones o intensificar la presión a México para desincentivar la llegada de inmigrantes. En el último año fiscal, que acabó en septiembre, se han producido 1,66 millones de arrestos en intentos de cruzar la frontera sur y la situación está pasando factura política a Biden, según las encuestas, y abriendo un flanco de ataque que están explotando los republicanos.
Las tensiones se han hecho palpables incluso con algunas dimisiones. Permearon en la reciente crisis que se vivió con el maltrato a inmigrantes haitianos. Y no ayudan los tientos de Biden, que en mayo subió de 15.000 a 62.500 el límite de refugiados y solo el mes pasado anunció el aumento hasta los 125.000 que había prometido en campaña.
Lo que sí ha hecho la Administración es plantear trasladar la tramitación de las peticiones de asilo de los tribunales de inmigración, que viven un atasco con 1,46 millones de casos pendientes, la mitad de ellos de asilo, a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, un cambio que se espera que esté operativo en 2022.
El Congreso, inútil
Biden tampoco puede apoyarse demasiado en el Congreso, donde las exiguas mayorías demócratas no dejan camino a las propuestas para reformar las leyes de inmigración y cumplir con la promesa de una vía a la ciudadanía para los más de 11 millones de inmigrantes sin papeles que ya están en Estados Unidos.
El último intento de los demócratas ha sido incluir en el plan de inversión en infraestructura social y cambio climático medidas de inmigración. El texto aprobado recientemente por la Cámara Baja contempla permitir a casi siete millones de esos inmigrantes optar a permisos de trabajo, para viajar al extranjero o para obtener el carnet de conducir. Sería, no obstante, una medida temporal (de cinco años y con posibilidad de renovarlo cinco más) y ahora 91 representantes han pedido a sus colegas en el Senado que incluyan en su versión del texto la prometida vía a la ciudadanía para los dreamers, los inmigrantes con estatus de protección temporal, así como trabajadores del campo y esenciales. Las esperanzas son si no nulas, mínimas. Porque no solo habría que lograr que apoyen la idea senadores moderados. Incluso si se consiguiera ese respaldo improbable, la medida difícilmente podría pasarse en el llamado proceso de reconciliación, que solo requiere mayoría simple pero necesita ceñirse a temas presupuestarios. Y no habrá, casi con certeza, ni un solo voto republicano.
