Amnistía Internacional lleva años recabando información sobre cómo debe configurarse una oficina independiente de control de la policía que cumpla con los estándares democráticos y que evite situaciones de impunidad, generando, a su vez, confianza en la ciudadanía. El responsable de relaciones institucionales de la organización en Cataluña, Eduard Martínez, desmenuza en declaraciones a este diario las experiencias de países como Reino Unido, Nueva Zelanda, Kenia, Sudáfrica y Jamaica a modo de receta para los grupos parlamentarios, que debatirán en la comisión parlamentaria sobre el modelo policial la creación de un organismo similar.
"Los cuerpos policiales lo ven como una amenaza, pero no intentamos discriminarlos ni desprotegerlos. Creemos que su amplio poder, como lo es el monopolio del uso de la fuerza, tiene que tener mecanismos de control y de tolerancia cero contra los casos de mala praxis", defiende.
Martínez apunta que, para que el organismo funcione correctamente, debe ser creado por ley, independiente, con un mandato definido -contemplando actuaciones de oficio, medidas vinculantes y accesibilidad pública- y con capacidad para revisar cuestiones generales de la tarea policial con transparencia.
Reino Unido
La Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) puede actuar de oficio, aunque su función principal es supervisar la tramitación de las denuncias recibidas en comisaría y emitir directrices. El cuerpo policial está obligado a informar de las infracciones más graves (muertes o lesiones graves) y, en ese caso, sí puede darse la posibilidad de que la comisión se haga cargo de la investigación. En el caso de que sean infracciones leves, se limita a revisar la resolución del cuerpo policial si el denunciante apela. Sus recomendaciones no son vinculantes, aunque tiene la obligación jurídica de responder en un plazo de 56 días. Además, realiza auditorías de las denuncias investigadas por la policía y presenta un informe anual al parlamento.
Irlanda del Norte
El Ombusdam policial de Irlanda del Norte tiene amplios poderes para abrir investigaciones y procede cuando haya indicios de que un miembro de la policía ha cometido un delito o ha actuado de forma indebida. Puede pagar indemnizaciones a los denunciantes por gastos y pérdida de tiempo, "aunque no por los daños propiamente dichos". En este caso, recomienda al director de la policía el pago por la cantidad que el Ombudsman crea apropiada.
Nueva Zelanda
La Autoridad Independiente para la Conducta de la Policía de Nueva Zelanda tiene un mandato amplio y facultades para actuar de oficio en casos de muerte y lesiones graves, aunque también admite denuncias sobre "prácticas políticas y procedimientos policiales". Esta oficina tiene facultades para citar e interrogar a testigos bajo juramento y para solicitar cualquier información a la policía que está obligada a cooperar. Puede formular recomendaciones de procedimiento disciplinario o penal, pero no emprenderlas por ella misma. En el caso de que considere que la investigación policial tiene carencias, puede informar a la fiscalía y esta debe notificarlo al parlamento.
Brasil
En el Estado de Pará, es la Defensoría del Sistema de Seguridad Pública (que depende del Consejo Estatal de Seguridad Pública) la que recibe denuncias contra funcionarios y solicita la intervención a órganos de inspección, por lo que no tiene atribuciones de investigación propias, sino que remite los casos y los supervisa siendo los inspectores de policía los que toman las decisiones.
Está conformada por 16 empleados –trabajadores sociales, abogados y personal administrativo- elegidos por el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Cualquier persona o organización puede dirigirse al ente de forma gratuita, pero no hay plazos de gestión. Sí tiene potestad para llevar los casos a la fiscalía y rinde cuentas ante el ejecutivo.
Los contras son que está infrafinanciada, que no puede investigar y que los informes no son de acceso público, por lo que carece de transparencia. Hay otras oficinas equiparables en Sâo Pablo, Alagoas y Minas Gerais.
Kenia
La oficina encargada de investigar las faltas o delitos, tras recibir una denuncia o de oficio, es la Autoridad Independiente de Supervisión de la Policía que, a su vez, audita a la Unidad de Asuntos Internos. Está gobernada por la Junta Independiente de Control de la Policía (integrada por un presidente, siete miembros y el presidente de la Comisión Nacional de Igualdad y Derechos Humanos del país). Personas, colectivos o agentes del cuerpo pueden acceder al mecanismo para que investigue, el mandato de la oficina es amplio –tiene facultades para investigar de oficio y para supervisar operaciones policiales- y sus decisiones son vinculantes, aunque no hay posibilidad de apelación.
Sudáfrica
La policía está obligada a notificar a la Dirección Independiente de Investigación de la Policía la denuncia y a describir lo ocurrido en un informe antes de agotar las 24 horas desde que tiene conocimiento. No cumplir con esto supone un delito y, si el agente en cuestión acaba siendo considerado culpable, puede ser condenado a pagar una multa y hasta dos años de prisión. Este órgano, además, elabora recomendaciones disciplinarias al comisario -sea nacional o provincial- para que active procedimientos disciplinarios en un plazo de 30 días. Cualquier persona puede acceder a la oficina, que tiene una sede en cada provincia del país.
Perú
La Defensoría del Pueblo de Perú tiene facultades para investigar y proponer nueva legislación, pero sus conclusiones no son vinculantes. Este organismo, que tiene sede en Lima y 28 oficinas más, envía informes y recomendaciones a las autoridades que tienen la obligación de cooperar con los casos. En este caso puede acceder cualquier persona y oenegé pero también el Congreso si formula una solicitud especial. Sus facultades quedan establecidas por ley. No sólo investiga a funcionarios policiales sino que supervisa todos los servicios públicos, algo que “entraña el riesgo de que el mecanismo no priorice las infracciones cometidas por la policía”.
Jamaica
La Comisión de Investigaciones Independientes de Jamaica tiene competencias para impulsar investigaciones sobre las actuaciones policiales en caso de fallecimiento, lesión o vulneración de derechos de las personas. El procedimiento puede acabar en recomendaciones que pueden pasar por la presentación de cargos penales o acciones disciplinarias. Este órgano puede solicitar información y realizar inspecciones, además de revisar procedimientos policiales y destaca por su labor de "sistematización de información" en informes periódicos. Cuenta con un presupuesto propio y asesores legales.
