El diálogo con Varsovia sigue sin dar frutos y la Comisión Europea ha decidido pasar de nuevo a la acción y lanzar otro procedimiento de infracción contra Polonia por la vulneración de la legislación europea y la primacía del derecho europeo por parte del Tribunal Constitucional. “Hemos intentado entablar un diálogo pero la situación no mejora. Los fundamentos del ordenamiento jurídico de la UE, particularmente la primacía del derecho comunitario, deben ser respetados”, ha avisado el comisario de justicia, Didier Reynders. El Gobierno polaco que lidera Mateusz Morawiecki tiene ahora dos meses de plazo para responder. Si la respuesta no es satisfactoria el caso podría terminar de nuevo ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El foco del problema no es nuevo. En sus sentencias de 14 de julio de 2021 y el 7 de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional polaco consideró que las disposiciones de los Tratados de la UE eran incompatibles con la Constitución polaca, cuestionando expresamente la primacía del derecho comunitario. Ambos fallos abrieron una profunda grieta en la UE que dos meses después no ha cerrado.
Según el análisis de la Comisión, ambas sentencias vulneran los principios generales de autonomía, primacía, eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la Unión y el efecto vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Además, Bruselas considera que las citadas sentencias vulneran el artículo 19 del Tratado, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, al darle una interpretación indebidamente restrictiva y que “de este modo, se priva a los individuos que acuden a los tribunales polacos de las plenas garantías establecidas en dicha disposición”.
Sin independencia ni imparcialidad
Por último, la Comisión expresa sus “serias dudas sobre la independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional y considera que ya no cumple los requisitos de un tribunal previamente establecido por ley”. Bruselas entiende que el proceso de nombramiento de tres jueces del Tribunal Constitucional, en diciembre de 2015, se produjo infringiendo normas fundamentales en Polonia.
“La gravedad de esta infracción da lugar a una duda razonable en cuanto a la independencia y la imparcialidad de los jueces en cuestión” y “así lo demuestran también otras irregularidades y deficiencias, como la elección del presidente y del vicepresidente del Tribunal Constitucional, que suscitan serias dudas sobre la imparcialidad de los jueces del Tribunal Constitucional a la hora de tratar los casos individuales”, prosigue la Comisión que advierte también de que dado que el Tribunal Constitucional está llamado a pronunciarse sobre cuestiones relativas a la aplicación o interpretación del Derecho de la UE, la Comisión considera que ya no puede garantizar una tutela judicial efectiva por parte de un tribunal independiente e imparcial previamente establecido por ley.
"El estado de derecho es fundamental y tiene que ser protegido", ha recordado la vicepresidenta de la Comisión y responsable de valores, Vera Jourová. "Para resolver las diferencias sobre el estado de derecho espero que el Gobierno polaco reconsidere seriamente su enfoque para que en 2022 podamos encontrar la vía de entablar el diálogo", ha añadido.
