La crisis política tiene en Perú un nuevo capítulo que profundiza las dificultades de gestión de Pedro Castillo. El presidente decretó el estado de emergencia en Lima y el Callao, la ciudad portuaria lindante, como consecuencia de las protestas de los agricultores y la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación Nacional de Transportistas. Los dos principales centros urbanos del país se paralizaron y sus habitantes, buena parte de ellos inmersos en el circuito de la economía informal, no encontraron buses ni taxis para desplazarse. Solo aquellos peruanos que trabajan en servicios esenciales del Estado tuvieron permiso para abandonar sus casas.

Cada paso que da Castillo, encuentra su correspondiente obstáculo y una lluvia de críticas desde distintos sectores que profundizan el deterioro de su imagen. Antes de que comenzara a regir esta medida, que la Defensoría del Pueblo ha calificado de "inconstitucional" por considerar que no está diseñada "para contener conflictos sociales", casi un 70% de la población desaprobaba el desempeño del maestro rural de izquierdas.

"Falta de capacidad para controlar la huelga", dijo el diario 'Perú 21'. "El caos social se hace patente ante un Gobierno que continúa sin brújula, extraviado entre escándalos de corrupción y un gabinete, que ni a la sombra ni a la luz del día logra dar pie con bola". Para 'La República', Castillo ha dado la "peor respuesta" posible a la nueva crisis. "Necesitamos reforzar los mecanismos democráticos para superar la crisis que está tocándonos la puerta. No hay espacio para ninguna tregua ni nuevo plazo concedido al actual Gobierno. O gobierna y resuelve dentro de la ley o da un paso al costado porque no ha sabido dar la talla".

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, garantizó el funcionamiento de la legislatura a pesar de las limitaciones "extremas" que rigen desde la noche del lunes. Aseguró que el Parlamento "ayudará" esta vez a Castillo a resolver los problemas. No se trata de un gesto menor, en principio. El presidente ha evitado dos veces desde diciembre que se aprobara una moción de censura por "incapacidad moral".

Temor a saqueos

Curiosamente, el exalmirante y legislador de la derechista Renovación Popular, Jorge Montoya, uno de los más vehementes impulsores del juicio político contra el mandatario, se erigió en la mañana del martes como uno de los más ardientes defensores del estado de emergencia. "La medida es muy dura, muy drástica y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad, no solamente acá sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla". La pobreza en Perú afecta al 30% de la población.

Castillo asumió el cargo el pasado 28 de julio después de vencer en segunda vuelta y por escasos miles de votos a Keiko Fujimori. Desde entonces no tuvo sosiego, al punto de haber cambiado cuatro veces su equipo de ministros. El presente conflicto no ha sorprendido a los especialistas. Durante su campaña electoral, el maestro rural había prometido políticas públicas destinadas a fortalecer la agricultura familiar y beneficios al sector del transporte, que se queja desde hace años de los altos precios del peaje en las carreteras o la inseguridad. Ambos sectores resolvieron iniciar medidas de fuerza para que el Gobierno cumpla con su palabra empeñada ante el electorado.

Otros conflictos

Los frentes de tormenta se multiplican para Castillo. La fiscalía lo investiga por presunto tráfico de influencias. Como si eso fuera poco, dos de sus sobrinos y el ex secretario general de la presidencia cargan sobre sus espaldas sendas órdenes de arresto. Una reciente encuesta del Centro de Estudios Peruanos da cuenta de que el 71% de los entrevistados no vislumbra que el presidente concluya su período de Gobierno. La posibilidad de que, más temprano que tarde, el Congreso vuelva a la carga para destituirlo está en el aire.