La Justicia de Estados Unidos ha hecho que la ejecución de presos inocentes sea más probable. Este lunes, el Tribunal Supremo del país, compuesto por una mayoría derechista, eliminó las protecciones constitucionales que dan amparo legal a los presos para que puedan recurrir sentencias injustas. Este salvavidas les permitía presentar nuevas pruebas para poder demostrar su inocencia incluso después de ser sentenciados a penas de cárcel o a muerte. El golpe judicial suprime este derecho.

El fallo del Tribunal establece que establece que, tras ser condenados, los presos ya no podrán recurrir su sentencia a los jueces aunque aleguen que su condena fue injusta porque sus abogados no defendieron su caso correctamente. En la práctica, se negará a los presos el derecho a presentar nuevas pruebas que impugnen la sentencia original, aunque esta sea errónea. Así, los tribunales federales tendrán prohibido escuchar las alegaciones de los presos, por mucho que demuestren su inocencia.

Es el caso alegado por Barry Jones, condenado en 1994 por violar y matar a la hija de su novia, de 4 años. Este hombre fue condenado porque había estado con la niña el día antes de su muerte, pero entonces no se realizó autopsia alguna que pudiese probar su culpabilidad. En 2017, expertos médicos revisaron el caso y concluyeron que las heridas que causaron la muerte de la menor no se habían producido el día antes, lo que anulaba la acusación con la que se había sentenciado al preso 23 años antes.

Tras años de disputa legal entre abogados y fiscalía, el Supremo ha decidido que Jones no tiene derecho a presentar nuevas evidencias que puedan exonerarle, lo que le fuerza a permanecer en el corredor de la muerte. La sentencia del TS causa jurisprudencia, lo que significa que su decisión para este caso concreto pasa a ser una máxima aplicable a todos los reos del país.

"Decisión perversa"

"Esta decisión es perversa. Es ilógica", ha denunciado la jueza Sonia Sotomayor, uno de los tres miembros progresistas del Tribunal Supremo. "La decisión del Tribunal reduce así a escombros el derecho de muchos peticionarios de hábeas corpus a la asistencia efectiva de un abogado". Los otros dos, los jueces Stephen Breyer y Elena Kagan, también han cargado contra este cambio.

Aprobada por seis votos a tres, la decisión ha sido posible gracias a la mayoría conservadora que controla el más alto tribunal de EEUU, una mayoría apuntalada no sin polémica durante el mandato de Donald Trump con la ratificación de jueces como Brett Kavanaugh, acusado por múltiples abusos sexuales. Esa misma mayoría es la que pondrá fin al derecho al aborto.