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El Periódico Mediterráneo

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Derechos LGTBI

Avances y estancamientos en América Latina en materia de diversidad sexual

Se estima que más de 33 millones de latinoamericanos se consideran parte del colectivo LGTBI

Una bandera arcoíris colgada en un balcón. EFE

Susel Paredes quiere ser presidenta peruana. Pero la congresista del Partido Morado tiene antes una lucha urgente que librar, y no solo en su nombre. El Tribunal Constitucional acaba de negarle la posibilidad de que inscriba el enlace que contrajo con Gracia Aljovín en Miami en 2016 en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Paredes decidió llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "La pelea por nuestra dignidad continúa. Lo haré por amor, con la razón y armada de valor", dijo y lamentó que Perú no sea uno de los países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile y Uruguay, donde las parejas del mismo sexo tienen un acceso igualitario al matrimonio. Varios estados mexicanos, entre ellos el Distrito Federal, cuentan con esa apertura. En Cuba, Bolivia Belice, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana no existe todavía una figura legal de esa naturaleza. El horizonte se estrecha en Venezuela. "La Constitución que yo firmé y que aprobamos establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es lo que yo defiendo", repite su fiscal general, Tarek William Saab. Ese déficit El caso paraguayo es aún más flagrante: el Código Civil lo prohíbe en forma explícita.

Se estima que más de 33 millones de latinoamericanos se consideran parte del colectivo LGTBI. Las condiciones de lucha en favor de la visibilidad y contra la criminalización se modificaron de manera importante en relación a los años sesenta u ochenta. Pero el horizonte no se ha abierto por completo. Según un informe de 2019 de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (Cepal), la población regional que se identifica y reconoce, públicamente o no, con alguna orientación sexual o identidad de género no heteronormativa, "experimenta situaciones de discriminación, violencia (material y simbólica) y desigualdad". Si bien ha habido avances en las dos últimas décadas, sobre todo mediante el reconocimiento legal de ciertas formas de pareja y la sanción de leyes de identidad de género, aún persisten situaciones de "violencia homofóbica y transfóbica que parecen tener fundamentos estructurales". En Paraguay, Venezuela y México no existe el agravante del "crimen de odio" para catalogar los delitos contra ese sector de la población. La reciente Cumbre de las Américas de Los Ángeles ha intentado visibilizar estos problemas.

Cuatro países han incorporado parcialmente derechos LGTBI a su Constitución: Ecuador, Bolivia, Cuba y México. En tanto, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú y Uruguay penalizan la discriminación basada en la orientación sexual. La adopción conjunta de parejas de un mismo sexto es reconocida en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay. La nueva Carta Magna chilena, que será sometida a una consulta popular en setiembre, se convertirá en la más avanzada en la materia en todo el continente. El Código de las Familias que debe debatirse en Cuba, y que será también refrendado por la sociedad, debe incluir el reconocimiento a la formación de los diversos tipos de familias, entre ellas las llamadas génerodiversas y sexodiversas. En Argentina rige desde hace un año un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias.

Violencia legal y material

América Central y el Caribe muestra la otra cara de la corriente de transformaciones legales y culturales. Se trata de la zona con mayor criminalización de la diversidad sexual, con penalidades que van desde los cinco a los 15 años de cárcel en Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y Las Granadinas.

La brecha entre los reconocimientos legales y la experiencia cotidiana tiene muchas veces el denominador común de la muerte. Unas 1.300 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas entre 2014 y 2020. Durante la pandemia no cesaron los femicidios trans. Es en Brasil, desde que Gobierna la ultraderecha, donde ha crecido la ola de intolerancia y exclusión. El Observatorio de Personas Trans Asesinadas ubicó a ese país como el de mayor número de casos en 2021 (125), seguido por México (65), Honduras (53), Estados Unidos (53) y Colombia (25). "La expectativa de vida de las mujeres trans y travestis en Brasil es de apenas 35 años. Este es un país racista, LGTBfóbico y machista que no reconoce esas problemáticas", sostiene Erika Hilton, mujer trans y la concejala más votada en Brasil en las últimas elecciones municipales, quien se ha convertido a su vez en una de las más activas acusadoras del presidente Jair Bolsonaro. El capitán retirado llegó a decir, antes de llegar al poder, que preferiría un hijo muerto a uno homosexual.

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