Numerosos venezolanos abandonan Argentina. Habían llegado con la ilusión de una tierra prometida que dejara atrás las penurias de su propio país. El primer cachetazo de realidad lo tuvieron en 2019 con el Gobierno de derechas de Mauricio Macri. Pero es el presente peronista el que ha activado la necesidad de regresar en parte de los 173.000 inmigrantes procedentes de Venezuela. Como sucede con los argentinos, tienen que ahorrar en dólares. Vislumbran una ley que suele cumplirse periódicamente en este país: la devaluación, la crisis y el fantasma de un estallido social. Un nuevo 2001.
La situación se ha agravado para el presidente Alberto Fernández. Los vientos devaluatorios amenazan en devenir huracanes que horadan los bolsillos de las mayorías en un país con más de 40% de pobres. Solo en julio, la brecha entre el dólar oficial y el que se cotiza en negro superó el 140%.
En lo que va de mes, el llamado 'dólar blue', como se conoce al billete norteamericano que se vende al margen de la banca pública y privada, aumentó 58 pesos. Y esa subida se traslada automáticamente a los precios de todo lo que se consume. La inflación anual puede trepar al 100%. Argentina ocupa este año el séptimo lugar entre los países con mayor inflación durante el primer semestre de este año, superado por el Líbano (211%), Sudan (199%), Venezuela (170%), Siria (139%), Zimbabue (131%) y Turquía (78%).
Los Gobiernos pasan y las circunstancias se repiten. Cada jefe de Estado entrante cree que puede domar el problema, pero fracasa. Seis años atrás, al asumir Macri, con un billete de 1.000 pesos se compraban 69,5 litros de leche. Cuando terminó su mandato, con esa suma alcanzaba para 21,3 litros. En la actualidad, solo se pueden adquirir ocho litros.
Exigencias y urgencias
El aumento del coste de la vida ha acercado a organizaciones sociales peronistas y de izquierdas, por general enemistadas. Ambas decidieron ocupar las calles para pedirle a un Gobierno que había prometido cuidar, ante todo, a "los que tienen menos", que se ocupe de los que más padecen una crisis que se arrastra desde los años de Macri, se agudizó con la pandemia y no da señales de calmarse.
Esos movimientos que aglutinan a los pobres reclaman un "salario básico universal", ya propuesto por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trataría de otorgarle a millones de personas un ingreso equivalente a una canasta básica alimentaria por adulto, alrededor de 13.000 pesos (unos 52 euros).
El presidente no se encuentra en condiciones de materializar esta petición. A estas alturas, Fernández intenta salvar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha permitido refinanciar 44.000 millones de dólares que había recibido Macri en 2018 y se evaporaron en sucesivas fugas de capitales. El FMI ha exigido un fuerte ajuste de las cuentas públicas, reducción de los subsidios a la energía y el transporte público, y un combate más eficaz contra la inflación. Al saludar semanas atrás la llegada al ministerio de Economía de Silvina Batakis, en reemplazo de Martín Guzmán, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, le recordó que bajo su gestión deberá tomar "medidas dolorosas".
Doble presión
Batakis siente una doble presión: la de los mercados y el FMI, de un lado, y, del otro, la de la posible protesta social. Cerca del presidente dicen que se debe sostener a la ministra a toda costa. Su salida, como consecuencia de una tormenta financiera mayor, sería a estas alturas una catástrofe. Pero, además, el peronismo se encuentra en una encrucijada mayor.
La falta de políticas públicas en favor de los más pobres tuvo un efecto letal en las últimas elecciones parlamentarias en las que la coalición de los Fernández perdió cuatro millones de votos. Esa paliza no hizo más que agudizar las diferencias entre ellos y augurar un casi seguro traspié en los comicios de 2023.
El futuro Cristina Kirchner
Juntos por el cambio, la alianza macrista, rechazó un acuerdo con el Gobierno y advirtió de que Argentina atraviesa una coyuntura "sin precedentes" y que "empeorará" porque el Gobierno no tiene "un plan" de salvaguarda mientras que la vicepresidenta intenta "avasallar las instituciones y garantizar impunidad".
Fernández de Kirchner criticó duramente al Tribunal Supremo por tener ya "escrita y, a esta altura, hasta firmada" una sentencia en su contra como parte de una causa por supuesto desvío de fondos de la obra pública iniciada durante el Gobierno anterior, y sobre la base de dudosas pruebas.
El presidente salió en defensa de ella. Las palabras de la vicepresidenta, dijo, muestran con "objetividad" la "idoneidad moral" de los integrantes del Supremo. Una condena y una proscripción electoral dejaría a Fernández de Kirchner fuera de la carrera electoral en 2023, como ocurrió en Brasil con Luiz Inacio Lula da Silva en 2018. Esa imposibilidad le abrió el camino a Jair Bolsonaro. Ningún analista piensa a día de hoy que Cristina, como la llaman sus seguidores, podría tener el año venidero semejante influencia electoral si, como augura la oposición, la crisis todavía no ha llegado a su punto más dañino.
