A finales de la primavera de 2012, Guennadios Petrov, principal encausado en la denominada Operación Troika contra la mafia rusa en Mallorca, en situación de libertad provisional y pendiente de juicio en España por supuestos delitos relacionados con el blanqueo de dinero procedente de actividades criminales, aterrizó en Moscú con un permiso de unos días concedido por la justicia española a raíz de la enfermedad de su suegra. Lo primero que hizo, según fuentes bien informadas en la capital rusa, fue dirigirse a la Duma Estatal, la cámara Baja del Parlamento ruso, donde servía como diputado del partido gubernamental Rusia Unida Vladislav Reznik, su vecino en la isla de Mallorca, el parlamentario más rico de Rusia y también procesado en la misma causa.
Petrov nunca cumplió su compromiso de regresar a España, a diferencia de otros presuntos integrantes menores de su clan mafioso, absueltos finalmente en 2018 por falta de pruebas sobre el origen criminal de los fondos. Y es que el suyo se trataba de un caso con implicaciones mucho más severas y peligrosas para el Estado ruso. El acusado, en realidad, estaba considerado el líder de Tambóvskaya-Malysheva, uno de los principales grupos mafiosos de Rusia, radicado en San Petersburgo; una logia corrupta implicada en todo tipo de actividades criminales, incluyendo delitos de sangre; un sindicato del crimen con el que el mismísimo presidente de Rusia, Vladímir Putin, había pactado, durante el periodo en que trabajó como teniente de alcalde en la segunda ciudad rusa, allá por los años 90, repartirse los beneficios de uno de los principales negocios locales, según ha revelado la periodista británica Catherine Belton en su libro Los Hombres de Putin; cómo la KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a Occidente.
(El actual presidente ruso y la mafia Tambóvskaya) "forjaron una relación muy próxima; Putin intentó establecer su propia terminal petrolera en el puerto; los grupos del crimen organizado que controlaban el negocio reaccionaron y amenazaron a su familia; tuvo que enviar a sus hijas a Alemania; durante este proceso, se dio cuenta de que no podía vencer y unió fuerzas con ellos", explica Belton a EL PERIÓDICO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, en tono contundente.
La Operación Troika, además, salpicaba a numerosos integrantes del entorno más próximo del actual presidente ruso, en particular, a Aleksándr Bastrykin, antiguo compañero de clase de Putin y actual presidente del Comité de Investigación de Rusia, órgano equivalente a la Fiscalía Anticorrupción en España. Se trata de un hombre que durante los últimos años ha dirigido las actuaciones judiciales contra la oposición encabezada por Alekséi Navalni y a quien el jefe del Estado acaba de encargar la investigación de lo que calificó como tentativas de "desprestigiar" al Ejército ruso, atribuyéndole de forma falsa, según Moscú, masacres y bombardeos indiscriminados en Ucrania contra la población civil, un delito que en la Rusia actual puede acarrear 15 años de cárcel.
Posición de privilegio
De acuerdo con el escrito presentado por la fiscalía ante la Audiencia Nacional, desde su privilegiada posición como alto funcionario de la Justicia rusa, Bastrykin actuó en numerosas ocasiones en beneficio de un poderoso criminal como Petrov. Y es precisamente por esta razón por la cual el líder mafioso encausado en España nunca regresó a nuestro país: "En Rusia no estaban interesados en que saliera a la luz la conexión de Petrov con alguien tan importante del círculo íntimo de Putin como Bastrykin", afirman a este diario fuentes próximas a la investigación.
El caso es el ejemplo fehaciente de un fenómeno que inquieta de sobremanera a juristas y expertos: la imposibilidad de distinguir entre el Estado ruso, su clase política y el crimen organizado. En la Rusia de Putin, coinciden muchos analistas, es frecuente que los grupos mafiosos posean contactos privilegiados y hasta se coordinen con legisladores y comandantes de unas fuerzas de seguridad encargadas, en teoría, de combatirlos, quienes a su vez participan de los beneficios monetarios que generan estas actividades delictivas.
Cuando en España se lanzó la Operación Troika, pocos en nuestro país eran conscientes de las importantes implicaciones que acabaría teniendo el caso. Pero la investigación judicial ocasionó tal revuelo interno en el Kremlin que a la postre se convirtió en el desencadenante del asesinato de Aleksándr Litvinenko, el exagente del FSB envenenado en 2006 en Londres con polonio. Conocedor de todo ello, Litvinenko, quien colaboraba por aquel entonces con el CNI, había informado ya a los servicios de inteligencia españoles de las conexiones entre el crimen organizado en España, altos funcionarios rusos y el presidente ruso, y se disponía a viajar a España a explicar todas estas revelaciones ante un juez. "Aunque ya estaba considerado un traidor, su disposición a declarar fue el detonador (de su asesinato) porque sabemos que España era un canal muy importante para el blanqueo de dinero del KGB", concluye Belton.
La segunda ciudad rusa, el bautismo de Putin en la corrupción
La etapa de Putin como mandatario local en la alcaldía de la segunda ciudad rusa en la década de los 90 es prolífica en cuanto episodios controvertidos se refiere. Según han venido denunciando de forma reiterada desde hace tiempo políticos peterburguenses y activistas, Putin vivió su bautismo en prácticas de corrupción durante esos difíciles años inmediatamente posteriores a la desintegración de la URSS, en los que el país afrontaba gravísimos problemas para abastecer las estanterías de los colmados y tiendas.
Marina Salye, exdiputada del Soviet Supremo de Leningrado y la política local más popular durante aquella época, reveló a EL PERIÓDICO en 2000, poco antes de que Putin obtuviera su primera victoria en las elecciones presidenciales de aquel año, que durante su mandato el joven teniente de alcalde había autorizado un programa de intercambio de minerales raros por alimentos que acarreó pérdidas de 100 millones de dólares a la ciudad. "Se cobraron comisiones astronómicas, del 25% y el 30%", en un trueque en el que se vendieron los minerales "a precios muy inferiores" a los de mercado y que, para más inri, "nunca se materializó", acusó la legisladora.
El intercambio, dijo Salye en la que sería una de sus últimas entrevistas a la prensa, infringía las leyes rusas ya que los contratos habían sido adjudicados a dedo, lo que motivó que se formara una comisión de investigación. "Guardo los documentos en un lugar seguro", concluyó.
Semanas después de aquella conversación, la entonces diputada acudió a la oficina de un aliado político en Moscú y, tal y como declaró posteriormente, se encontró con alguien a “quien no quería ver bajo ninguna circunstancia” y cuya identidad nunca desveló. Aterrada por aquel encuentro, se retiró a un pequeño pueblo junto a la frontera con Letonia y no volvió a hablar con la prensa durante un decenio. Sólo reapareció un par de años antes de morir, en 2012, cuando ya tenía 75 años.
