"El estallido no fue una revolución anticapitalista ni una ola de delincuencia, fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política de la que somos parte no ha sabido interpretar ni dar respuesta", dijo el presidente chileno, Gabriel Boric, al cumplirse tres años de lo que fue conocido como "el reventón". El centro de Santiago volvió a ser escenario de algunas manifestaciones que reivindicaron los estremecimientos de 2019. No han faltado bombas de estruendo ni barricadas.
Boric, de 36 años, una edad en la que muchos de sus compañeros de generación protestaron en las calles, consideró que el 18 de octubre "debiera desafiarnos a todos y todas" al momento de discutir los horizontes de cambio que se vieron frustrados con la derrota de la Constitución que fue redactada tras la conmoción social. El Congreso tiene ahora en sus manos la posibilidad de elaborar otro texto fundamental. El tiempo corre. "Ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort", dijo el jefe de Estado, en un llamado a dar respuesta también a las demandas económicas y sociales que fueron el caldo de cultivo de los episodios que estremecieron a ese país y que dejaron 31 muertos y decenas de hombres y mujeres con lesiones oculares, entre otras heridas, como consecuencia de las balas de los Carabineros, como se conoce la policía militarizada.
La tentativa fallida de cambiar la Carta Magna fue un modo de solución negociada del conflicto que atravesó las grandes ciudades chilenas. La derrota de esa propuesta en las urnas modificó la realidad política. "Hubo un periodo largo, de meses y meses en que más del 70% (de la sociedad) apoyó el estallido social… una de las razones por las que llegamos a esto fue por la incapacidad de los políticos (de responder a los reclamos)… desde entonces hemos avanzado poco, todavía no concretamos las reformas que resuelvan la debilidad de los derechos de las personas, al contrario".
Boric, cuyo nivel de aprobación es inferior al 30%, a menos de un año de haber asumido el poder, no pasó por alto el saldo de aquel "reventón". Estimó en ese sentido que "la violencia se volvió contra las propias causas del estallido". Y remarcó: "Las violaciones a los derechos humanos, como daños oculares, agresiones sexuales, lesiones graves, hasta muertes, no son aceptables y, a la vez, Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo para combatir la delincuencia y asegurar el control del orden público en el marco del estado de derecho. No hay una dicotomía entre ambas posiciones y lo vamos a defender".
Críticas por derecha e izquierda
La oposición de derechas, que retomó con fuerza la iniciativa política tras la consulta popular, criticó la intervención del presidente. "Queda claro que asume que el Gobierno ha sufrido una derrota ideológica como también reconoce que no ha existido una violación sistemática los derechos humanos. Se distancia ostensiblemente del Partido Comunista al condenar la violencia", dijo el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla.
Diego Schalper, secretario general de Renovación Nacional (RN), el partido de Sebastián Piñera, el presidente que enfrentó las protestas, calificó por su parte de "tibio" el respaldo que dio Boric a Carabineros. Boric, dijo, tuvo que hacer un "malabarismo político" para "hablarle a todos y no hablarle a nadie".
Carlos Ruíz, autor de 'Octubre chileno: la irrupción de un nuevo pueblo', y un influyente intelectual de izquierdas, especialmente del sector que vio crecer a la figura del propio Boric, recordó también que nada ha cambiado desde 2019. Lamentó al respecto la falta de audacia de las actuales autoridades ejecutivas. "Este Gobierno no tiene nombre, no tiene coalición, entonces no tiene programa". Alertó de que un nuevo peligro se cierne en Chile porque la élite ha pasado de reconocer su incapacidad de haber previsto el estallido social a "aquí no ha pasado nada". Eso, consideró, "es jugar con fuego, porque las causas de la crisis social no se han resuelto".
Sin culpables
En este contexto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que, de un total de 3.151 querellas presentadas por el Instituto, 2.879 acciones judiciales se encuentran estancadas porque los acusados no han concurrido ante la justicia o no han sido identificados. "Pareciera que las gestiones del Ministerio Público han resultado insuficientes para determinar personas imputadas, y proceder así a la determinación de responsabilidades penales". De acuerdo con el INDH, el Gobierno "debe proponer una política de reparación integral que incluya medidas dirigidas a la restituir las condiciones o la situación previa a la vulneración de los derechos humanos de las víctimas, entre ellas, por ejemplo, la rehabilitación de los daños físicos o psicológicos padecidos por las víctimas; la indemnización compensatoria a consecuencias del daño o pérdida sufrida, y, la satisfacción por medio de acciones públicas de reconocimiento de los hechos y las víctimas".
