Las sospechas de corrupción sobre el secretario de Estado adjunto del Gobierno portugués, Miguel Alves, le han obligado a dimitir este jueves y han sacudido al Ejecutivo del primer ministro, António Costa, por primera vez desde que obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones legislativas del pasado enero. Unas sospechas que saltaron a la luz a finales de octubre, cuando el diario 'Público' contó que Alves había desembolsado 300.000 euros, en su etapa como alcalde del municipio de Caminha, a un empresario como adelanto para la construcción de un centro de convenciones en la localidad. Dos años después, el pabellón sigue sin materializarse.
La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar si Alves, una persona muy cercana al primer ministro y que ya le acompañó en sus etapas como ministro de Administración Interna y como alcalde de Lisboa, cometió alguna irregularidad en el proceso. El ya exsecretario de Estado accedió al cargo hace apenas dos meses, a propuesta de Costa, tras más de nueve años al frente del Ayuntamiento de Caminha. La presión de la oposición y de miembros de su propio partido han obligado al primer ministro a aceptar finalmente la dimisión, a pesar de las reticencias iniciales. "Vivimos en un Estado de derecho en el que felizmente nadie está por encima de la ley", ha asegurado Costa poco después de la dimisión.
Críticas a Costa
La tardanza de Alves en presentar su dimisión y el rechazo de Costa a un posible cese han salpicado al primer ministro. El líder del principal partido de la oposición, Luis Montenegro, ha asegurado esta semana que el secretario de Estado "no está suficientemente habilitado para ejercer la plenitud de su cargo, al no conseguir responder a las dudas que pesan sobre él" y ha cargado contra Costa por no posicionarse durante días. Unas críticas que también se han producido dentro de su formación, el Partido Socialista, como la de la ministra de Administración Pública en la anterior legislatura, Alexandra Leitão, que calificó de "incomprensible" la permanencia de Alves en el cargo hace apenas unos días.
El secretario de Estado ha defendido su inocencia en un proceso que, sostiene, ha sido totalmente transparente. Según Alves, el Ayuntamiento decidió adelantar los 300.000 euros, correspondientes a un año de alquiler del edificio, para conseguir atraer una inversión privada de ocho millones de euros para el municipio. "Los ayuntamientos estamos obligados a encontrar soluciones para atraer a los inversores, ya sea a través del ofrecimiento de terrenos o de la exención de tasas. Y aquí siempre hay un riesgo", ha reconocido esta semana en una entrevista al 'Jornal de Noticias' tras 10 días sin comparecer públicamente.
Obras sin empezar
A pesar de que el pabellón ya debería estar concluido, las obras todavía no han comenzado. Algo que ha puesto el foco sobre la empresa promotora, cuyos accionistas se esconden bajo un complejo entramado de compañías con sede en el extranjero. Alves asegura que los responsables de la construcción aportaron varias pruebas que justificaron el desembolso del adelanto de 300.000 euros. "Es posible que el 90% de las personas piensen que soy estúpido o un ladrón, pero no soy ninguna de estas dos cosas", ha asegurado el secretario de Estado. El actual alcalde de la localidad, sucesor de Alves en el cargo, afirma que la promotora está avanzando en la tramitación de permisos para la construcción del equipamiento.
La dimisión de Alves supone un duro golpe para el Ejecutivo de Costa, al que exigen que actúe con mayor rapidez en estos casos y que defina los criterios para decidir en qué situaciones se puede mantener en el cargo a los miembros del Gobierno investigados por la justicia. En declaraciones a CNN Portugal, la exministra Leitão ha recordado esta semana que "la regla que prevalecía en Gobiernos anteriores, del mismo primer ministro, era que las personas investigadas debían salir del Ejecutivo". Una opinión que ha defendido también el presidente de la asociación Transparencia e Integridad, Nuno Cunha Rolo. "Más allá de si es inocente o culpable, la pregunta es si una persona investigada por la justicia puede ejercer las funciones de gobernante". La respuesta, la ha dado el primer ministro este jueves.
