Argentina: fuerte choque institucional entre el Gobierno y el Tribunal Supremo

El Gobierno del presidente Alberto Fernández y el Tribunal Supremo chocaron como trenes de alta velocidad. Se ha abierto una crisis institucional que no es ajena a los temblores económicos que anuncian tempestades en un país que ha entrado anticipadamente en la campaña electoral. Para el poder Ejecutivo, la más alta instancia judicial ha tenido "una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias" tras suspender las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan del próximo domingo. Según el Gobierno, el máximo tribunal se ha "alineado" con la oposición de derechas "para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo" en ambos distritos.

"Proscribieron a Cristina y ahora quieren proscribir el voto", dijo a su vez el ministro del Interior, Wado de Pedro, al comparar la medida del Supremo con la condena judicial en primera instancia que recibió Cristina Fernández de Kirchner en una controvertida causa por corrupción. Los jueces determinaron meses atrás una pena de seis años de cárcel e inhabilitación permanente de la vicepresidenta para ejercer cargos públicos. "No es una decisión contra un candidato u otro: es coartar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a elegir y ser elegidos", estimó De Pedro.

La fricción entre los poderes del Estado es apenas un anticipo de lo que puede suceder de cara a las elecciones de octubre, en las que el oficialismo lleva las de perder, según las encuestas, frente al avance de la derecha y la misma ultraderecha que, en medio del fuerte debilitamiento de la figura presidencial, intentan capitalizar el malestar social por el deterioro de las condiciones de vida.

La crisis no sorprendió a los analistas. Este martes, uno de los ministros del Supremo, Horacio Rosatti criticó la situación económica y dijo que existía una "incontrolada" emisión monetaria que ponía en peligro el valor del peso frente al dólar. Horas más tarde, Rosatti y los otros tres integrantes del tribunal, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hicieron lugar a un pedido de la oposición para que suspenda los comicios que, según los sondeos, auguraban las victorias en San Juan y Tucumán de Sergio Uñac y Juan Manzur. Para Mario Negri, de la Unión Cívica Radical, la Corte frenó intentos reeleccionistas de gobernadores provinciales "que fuerzan las constituciones provinciales para perpetuarse". El alcalde de la ciudad de Buenos Aires y aspirante presidencial por ese espacio en los comicios de octubre, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que la medida adoptada por los supremos "es la que corresponde a un país que respeta la legalidad".

La Corte tenía desde hacía tiempo en sus manos las impugnaciones contra el cuarto mandato consecutivo de Uñac (uno de ellos como vicegobernador) y el quinto de Manzur, quien ya se había desempeñado dos veces como vicegobernador y otras dos como gobernador.

Fuerte tensión

La relación entre los jueces del Supremo y el Gobierno se ha roto meses atrás, al punto de que los integrantes del tribunal son objeto de una investigación por la Cámara de Diputados. El poder Ejecutivo habló en este caso de un "atropello", que "altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos".

A su vez, Fernández dejó entrever que la decisión adoptada por los magistrados estaría articulada con el propio exmandatario Mauricio Macri quien, ante recientes derrotas electorales de su espacio en La Rioja y Misiones, dijo que esas provincias son administradas por "aparatos feudales". De acuerdo con las autoridades nacionales, ese "es un concepto absolutamente despectivo hacia las provincias y hacia la esencia de la democracia Argentina que está cumpliendo cuarenta años de vigencia". Para Fernández, los "tristes conceptos de un ex presidente” constituyeron "claramente un anticipo del fallo que recién conocimos".

Según el portal La política online "no se entiende por qué los magistrados esperaron hasta último momento para suspender la elección y cuando el Estado y los partidos ya gastaron importantes recursos en organizar los comicios". A su criterio, todo indica que los magistrados "terminarán impugnando las candidaturas de Uñac y Manzur".

El también constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que, "desde el punto de vista constitucional", el máximo tribunal está habilitado para dictar medidas como las de este martes. "El problema es el manejo político que hace el tribunal de un instrumento jurídico válido. Suspender preventivamente una elección de autoridades provinciales a cinco días de su realización, genera un daño gravísimo al sistema democrático argentino y pone en crisis la argumentación jurídica utilizada”.