El Gobierno cree que la zona que albergue la prisión experimentará un crecimiento económico. El subdelegado de Gobierno, Vicente Sánchez Peral, confirmó ayer que el nuevo centro penitenciario que Interior tiene previsto crear en la Comunidad podría emplazarse en la provincia de Castellón.
El subdelegado destacó, respecto a la elección de la ubicación geográfica por parte del Gobierno: "Alicante dispone de un centro penitenciario recién inaugurado, Valencia también dispone de unas dependencias relativamente modernas".
Sánchez Peral descartó que exista vinculación entre la elección del emplazamiento y los niveles de delincuencia de Castellón, puesto que es un centro penitenciario de carácter nacional.
El representante del Gobierno en Castellón destacó que la nueva cárcel conllevará un "incremento en la dotación de funcionarios de prisión". Además, dijo que se ampliarán las instalaciones vinculadas a la actividad de la prisión, como los juzgados.
Manifestó que la zona donde se ubique esta infraestructura experimentará un "crecimiento económico". Los funcionarios podrán establecer su residencia en la zona, lo que conllevará una mayor dotación de servicios.
En este sentido, los alcaldes de los municipios próximos a la última prisión abierta en la Comunidad, Alicante II, han constatado que el nuevo centro penitenciario ha supuesto un desarrollo económico.
El alcalde de Villena, Vicente Rodes, explicó que la apertura de la prisión ha significado la contratación de más de 400 funcionarios (casi 500) y el refuerzo de los juzgados. La mayoría de funcionarios es de fuera del municipio, lo que ha supuesto un tirón para la vivienda. El alcalde de Caudete, Vicente Sánchez Mira, reveló que ello ha aumentado la demanda de viviendas en alquiler.
El alcalde de Caudete agregó que la presencia de estos trabajadores en la población ha generado un aumento del consumo en otros órdenes. Por su parte, el de Villena también subrayó el incremento del consumo que generan las familias que cada día van a visitar a los presos.
El alcalde de Villena subrayó que los alimentos perecederos con destino a la prisión los suministran las industrias de las inmediaciones, por lo que indirectamente la cárcel ha supuesto un desarrollo de la industria hortofrutícola.
Además, manifestó que Villena percibió del Estado más de 300 millones de pesetas en compensación económica por que la prisión esté en ese término municipal. Ello se ha notado en los presupuestos.
El concejal de Hacienda de Villena, Juan Palao, estudiaba además empadronar a la población reclusa en Villena para aumentar así el número oficial de habitantes del municipio con vistas a conseguir un mayor reparto presupuestario de cara al Gobierno de la nación.
