Con la nueva ley, las empresas de transporte tendrán la obligación de informar a la policía de "los billetes de vuelta que no hayan sido usados por los ciudadanos extracomunitarios, así como de facilitar todos los datos sobre ellos que se tengan", so pena de multa por 500.000 euros. Vicent Zaragoza, de CCOO, considera que aumentarán las empresas dedicadas al transporte ilegal de inmigrantes.
A partir de la reforma, las fuerzas de seguridad tendrán acceso a los datos de los inmigrantes inscritos en el padrón. Según CCOO, los inmigrantes dejarán de empadronarse para evitar a las fuerzas de seguridad. Al no registrarse, no tendrán acceso a la tarjeta sanitaria ni a la educación de los hijos. Hasta ahora, el padrón permitía a los ayuntamientos acceder a información de la realidad de la inmigración, cosa que ahora se perderá.
La nueva ley obliga al inmigrante que llega con su visado de trabajo a solicitar en un mes y personalmente su tarjeta de residencia. Sos Racisme considera que ello agravará las colas a las puertas de Extranjería.
CCOO considera que el nuevo entramado legal "sólo permitirá el reagrupamiento familiar con el segundo permiso de trabajo", lo que supone, según Neus Carrasco, de CCOO, que pasarán de cuatro a cinco años hasta que se produzca "de forma efectiva" y que de esta forma se fomentará "la reagrupación irregular".
