Cuando en 1970 concluye el plan de desecación de la marjalería, iniciado en 1962 tras las terribles inundaciones que asolaron a la ciudad, nadie podía imaginar que los antiguos arrozales iban a convertirse en caballo de batalla urbanístico, especulativo, vecinal y objeto de deseo electoral.
Y es que, las antiguas alquerías van convirtiéndose en viviendas de segunda residencia para muchos castellonenses, mientras que algunos de los inmigrantes que llegan a Castellón con el desarrollo industrial adquieren terrenos en la marjal a precios supereconómicos, aunque sin ningún tipo de legalidad vigente. Unos propietarios que tienen que hacer frente a la instalación de los servicios urbanos más perentorios como agua potable y alumbrado.
Más de 2.000 viviendas ilegales van surgiendo en menos de 20 años, con una población que supera las 8.000 personas. Y comienzan las reivindicaciones. Al socaire del PGOU de 1984, los vecinos de la marjalería inician un movimiento reivindicativo que va cobrando fuerza, mientras la Administración municipal del Ayuntamiento de Antonio Tirado tolera la situación con vagas promesas de legalizar las viviendas, aunque sin entrar en el fondo de la cuestión. El conflicto estalla en la legislatura del socialista Daniel Gozalbo, que pretende derribar las viviendas ilegales y crear un nuevo marco urbanístico. Los vecinos se oponen a las propuestas municipales e inician una serie de acciones que ponen en jaque al propio Gozalbo, quien pierde la alcaldía, entre otros motivos, por la marjal.
Con la llegada al poder municipal del Partido Popular y con la promesa de que no se derribará ninguna vivienda y se legalizarán todas, el nuevo PGOU del 2000 recoge soluciones a los problemas vecinales, fundamentalmente el Plan Especial que, cuatro años después, toma carta de naturaleza.
