Una de las principales dificultades con las que se encuentran los ayuntamientos de la provincia de Castellón son los gastos extra (un 30% aproximadamente) que tienen que asumir en concepto de servicios sociales, cultura, vivienda, sanidad, educación, inmigración, seguridad y protección civil y que no les correponde. Lo que sucede es que los vecinos, por tratarse de la Administración más cercana es a la primera institución a la que acuden con el fin de que les solucione los problemas.

La presión social que ejercen sobre el municipio obliga a las autoridades a correr con estos gastos que, por el momento, tendrán que asumir, pues no existe ninguna ley que obligue a cada una de las administraciones a sufragar sus gastos.