El subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles, apuntó que la policía y la Inspección de Trabajo tienen percepción de que la red de inmigración ilegal desarticulada en Oropesa, mediante una operación en la que se detuvo a J.J.T.R. por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores y a otras 60 personas por vulnerar la ley de extranjería, "no se trata de un caso único", por lo que no descarta que en un futuro próximo puedan realizarse operaciones de este tipo, sobre todo en el sector de la construcción de toda la provincia de Castellón.
"No olvidemos que se trata, no solo de un fraude a la Seguridad Social y a las arcas del Estado de todos los españoles, sino también de una competencia desleal con todas las empresas que cumplen la legalidad vigente, con todas las empresas de Castellón, y nuestra obligación es perseguirlos", agregó el subdelegado.
Calles indicó, respecto a los hechos ocurridos en Oropesa, que "la percepción que tenemos es que se trata de personas en situación no sólo de trabajo ilegal, sino de que su documentación no está en regla en España". A su vez, señaló ayer que sigue detenido el gerente de la empresa, e indicó que parece ser el responsable de toda la red de trabajo ilegal que se mantenía en esta firma en concreto.
